Crisis entre Argentina y Chile de 1978

para la persecución de los responsables del atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier.

Eduardo Frei declaró públicamente su apoyo a la posición del gobierno con las palabras "Se está alimentando, no por Chile, un conflicto de dramáticas consecuencias".

[1]​ Dado que Augusto Pinochet no debía rendir cuenta de su proceder a un poder controlador, su actuar era más flexible y seguro.

El objetivo prioritario del gobierno chileno era evitar la guerra sin ceder territorio insular o continental.

Esta dictadura pretendía otorgar igual poder a las tres Fuerzas Armadas argentinas y preveía la alternancia en el poder.

En esa dirección apunta también el comentario aparecido en el periódico estadounidense New York Times del 31 de diciembre de 1978:[7]​ La Junta argentina, dividida y debilitada por las interminables internas, llevó adelante una política ambivalente que buscaba el acuerdo pacífico con Chile y también amenazaba con la guerra.

Esta política, llamada de la zanahoria y el garrote, es común en las relaciones internacionales y corresponde al interés de un Estado en aplicar la máxima presión sobre su adversario para obtener una solución óptima para sus intereses.

Las pretensiones más extremas del nacionalismo argentino alcanzaban desde las islas Picton, Nueva y Lennox hasta ocupar la Isla de Chiloé.

En Argentina había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo `las islas son nuestras', `el Beagle es nuestro', al punto de que el gobierno argentino tenía poca flexibilidad para moverse dentro de un ambiente que ya le había creado su propia prensa.

En el gobierno chileno se sabía que en caso de una derrota (parcial o completa) debería ceder con su homólogo argentino y en ese caso una opinión pública demasiado optimista o delirante impediría la flexibilidad (es decir, las concesiones) necesarias La marina de guerra se preparó durante todo el año 1978 (ver libro "La escuadra en acción"), pero no fue publicitado, sino más bien estuvo velado al público y sólo era conocido a las personas e instituciones que estaban involucradas.

En ese caso se transformaría en un concurrente para Pinochet lo que no era deseado dentro de las fuerzas armadas.

Pinochet también tuvo que frenar a sectores belicistas de las fuerzas armadas chilenas, a la vez que preveía una guerra total, larga y de desgaste, previendo invadir la Argentina hasta Bahía Blanca:

El 5 de mayo de 1977 Argentina envió a Chile al jefe del Estado Mayor Conjunto, contraalmirante Julio Torti, para proponer al gobierno chileno negociar directamente las implicancias del laudo, en especial la frontera marina.

En un viaje secreto a Buenos Aires, Manuel Contreras Sepúlveda intentó buscar un acuerdo con los militares argentinos.

El 26 de enero el gobierno chileno emitió un comunicado, afirmando que el laudo tenía carácter obligatorio e inapelable.

En los temas secundarios (integración física, cooperación económica y políticas comunes en la Antártida) se alcanzaron acuerdos que no lograron detener los aprestos bélicos a ambos lados de la frontera.

La respuesta inoficial del gobierno militar argentino fue que ese paso se consideraría como un Casus belli.