Tampoco las negociaciones directas lograron siquiera impedir el aumento de la tensión militar en la frontera.
La Argentina consideraba absolutamente necesario desde el punto de vista económico y militar la libre navegación por los canales fueguinos.
Chile consideraba que el estrecho terminaba en la línea Punta Dungeness-Cabo Espíritu Santo.
La frontera marítima a fijar podría tener una decisiva importancia en los derechos que ambos países pretenden sobre la Antártida.
En Chile, Augusto Pinochet ejercía el poder casi sin restricciones, lo que le permitía mayor flexibilidad y menos vulnerabilidad a críticas.
En la Argentina, una actitud conciliadora podía ser utilizada por los adversarios políticos de la línea dura para socavar la ya precaria estabilidad del presidente Jorge Rafael Videla.
Chile buscaba darle a la mediación un aspecto más formal y legal para aprovechar el respaldo del Laudo Arbitral de 1977, en cambio la Argentina prefería una instancia más política en que pudiera hacer valer su mayor poderío militar.
Bajo capacidad se entendía no solo el poder material sino también la decisión de hacerlo cumplir.
Para ello: Las negociaciones se realizaron en la Casita de Pío IV, la sede construida en el siglo XVII que alberga desde entonces la Pontificia Academia de las Ciencias[3] El enviado papal se esforzó en todo momento por guardar una estricta neutralidad ante ambas partes.
No quedó claro cual era el motivo de una propuesta que sería rechazada por la Argentina.
En todo caso sirvió para impedir la guerra, mantener la estabilidad en la región y esperar hasta que las condiciones políticas en alguno de los dos países cambiasen.
El Laudo Arbitral de 1977, favorable a Chile, sustentaba acciones en el terreno del derecho internacional, si bien serían solo simbólicas ya que, como se ha dicho antes, la Argentina consideraba tal paso una causa para iniciar la guerra.
El término del tratado significaba en la práctica que la fecha final para acudir a la CIJ era antes de fines de ese año 1982 y que Chile debía decidir entre seguir con la mediación o acudir al derecho internacional.
[11] Todos estos obstáculos debieron ser eliminados o por lo menos aligerados por el cardenal Antonio Samoré para poder mantener siquiera la apariencia de negociaciones en curso.
Su cargo como autoridad más poderosa cercana al papa, le otorgaba un margen de maniobra que Samorè no había tenido.
La situación política interna de la Argentina fue sin duda el factor más determinante en las negociaciones.
Los militares que gobernaron el país durante la mayor parte de la mediación estaban divididos entre duros y blandos.
Este ambiente cambió radicalmente tras la derrota en las Malvinas y el subsecuente retorno a la democracia.
Delpech considera que antes del gobierno de Alfonsín una solución al conflicto era improbable.
[4] Para Alfonsín era una meta primordial recuperar las relaciones exteriores del fracaso en que las había dejado el Proceso de reorganización nacional.