Nacionalización de la banca en México

Al respecto, escriben los economistas Carlos Tello y Domingo Hernández:Con el gobierno del presidente Luis Echeverría se renovaron los esfuerzos para aumentar los ingresos tributarios del gobierno federal.

[4]​No obstante, aumentó la inflación por el excesivo gasto deficitario financiado con impresión de dinero y con deuda externa lo que, con un tipo de cambio fijo, sobre-valoró al peso frente al dólar lo que aumentó las importaciones y deterioró la balanza comercial.

Al asumir la presidencia, López Portillo adoptó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para reducir la inflación y ajustar la balanza de pagos; por otro lado, se impusieron topes a los aumentos salariales, límites a la capacidad de endeudamiento externo del país, y se iniciaron mecanismos de supervisión internacional para las finanzas públicas.

Desde la toma de posesión, el nuevo presidente buscó una reconciliación nacional, con el sector empresarial y con otros sectores, por lo que se crearon mecanismos para compensar a los sindicatos y organizaciones campesinas.

[6]​ Se enfrentó con diferencias importantes al interior de su gabinete, entre los llamados "estructuralistas" y los "monetariastas".

Un conflicto importante se fue alimentando por los incrementos en el encaje marginal a los depósitos.

[8]​ La inestabilidad y la creciente inflación causaron una sobrevaluación del peso, por lo que las empresas e individuos aprovecharon para comprar dólares los cuales estaban baratos en términos relativos, y se aceleró la fuga de capitales ante las crecientes expectativas de que ocurriera una devaluación del peso.

[13]​ El gobierno mexicano no reparó en estos cambios sino aceleró su política expansiva del gasto público, muy por encima de lo presupuestado, lo que provocó salida de capitales y mayor endeudamiento del país.

La difícil situación económica se complicó más aún a mediados de 1981, cuando el gobierno mantuvo sus precios del petróleo en lugar de disminuirlos,[15]​ y no tuvo éxito en disminuir el déficit público.

[19]​ A lo largo de varios meses y especialmente en agosto, se intensificaron las negociaciones del gobierno mexicano con el Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para encontrar una salida a los pagos de la deuda externa mexicana.

José López Portillo mencionó sus principales razones para expropiar la banca privada mexicana: por un lado, que la banca privada había obtenido ganancias excesivas en la prestación de un servicio público concesionado; por otro lado, que había creado fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público a fin de que el crédito no se siguiera concentrando en los estratos altos de la sociedad y llegara oportuno y barato a la mayor parte del pueblo y, por último, para evitar la salida de capitales que, según él, se debía a la falta de control directo del Estado sobre el sistema financiero lo que agravaba la crisis.

Sólo dos ministros votaron en contra: Atanasio González Martínez y Alfonso López Aparicio.

[22]​[23]​ Al día siguiente, el exministro José Rivera Pérez Campos les escribió una carta a los ministros disidentes González Martínez y López Aparicio que resume la trascendencia de la resolución de la Corte: Nunca en su historia la Suprema Corte tuvo ante sí un problema más trascendental.

Los banqueros habían sido tradicionalmente los interlocutores del gobierno con el sector privado, el cual tradicionalmente no se involucraba en temas políticos, pero la expropiación de la banca rompió ese vínculo.

A partir de entonces, el sector privado participa en la vida política del país.

Permitió que el capital privado llegara a un tercio; no obstante, sí decidió que se conformara una banca mixta y competitiva en donde impulsó la banca de inversión y mesa de dinero.

Fue una manera de reconciliarse con el sector privado pero sólo lo logró parcialmente.