La función ejecutiva durante toda la historia del país ha tenido la facultad constitucional de designar un Gobernador Provincial para la gestión ejecutiva de la división política provincial del país.

Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político.

Actualmente estas funciones se denominan como: Gobernador para las provincias, designado por el Presidente de la República; jefes políticos para los cantos y tenientes políticos para las parroquias rurales, siendo estos designados por los gobernadores.

[1]​ Se incluyen las instituciones de nivel ministerial que estuvieron activas por 4 gobiernos o más.