En sus principios constitutivos, la Mesa postulaba la promulgación de un estatuto de autonomía que sitara a la Comunidad Valenciana en condiciones similares a los que obtuvieran otras regiones históricas y diferenciadas de España, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia.
Los procesados, llamados Los diez de Alacuás, contra los que se decretó prisión provisional, eran: Laura Pastor Collado, Joan Josep Pérez Benlloch, Vicent Soler, Francesc Xavier Navarro Arnal, Josep Corell Martí, Ernest Lluch, Carles Dolz Soriano, Francesc Candela, Josep Guia y Carlos Manuel Martínez Llaneza.
Aunque en las reuniones acudían los representantes de UDPV Ernest Sena Calabuig, Vicent Miquel i Diego, o Joaquim Maldonado Chiarri, aquel día no acudieron.
Los firmantes eran 93 profesores universitarios, entre ellos Manuel Sánchez Ayuso, José María del Rivero Zardoya, Manuel Broseta Pont, Amando de Miguel, Ferran Vicent Arche Domingo, Manuel Sanchis Guarner, Aurelio Martínez, Rafael Ll. Ninyoles, Josep Vicent Marquès, Damià Mollà, Víctor Fuentes, Josep Lluís Blasco, Alfons Cucó, Celia Amorós, Pedro Ruiz, Joan Martín Queralt, Vicent Llombart, Emérito Bono Martínez, Segon Brú, Clementina Ródenas, Luis Espinosa, Carme Alborch.
El 1975 entró en crisis por la salida del PCE, que se integró en la Junta Democrática de España, y a pesar del alboroto provocado por la detención de Alacuás en agosto de 1975, la Mesa decidió integrarse en el Consejo Democrático del País Valenciano, que aglutinaba la Junta y la Mesa.