[6]​ Alaya comenzó a tener mayor atención mediática cuando inició la instrucción del caso ERE, aunque en 1990 ya había tenido su primera aparición en los medios a causa de otro proceso judicial.

La Comisión Permanente del CGPJ, acordó que no cesase en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza, hasta que un nuevo titular se incorpore al mismo.

[9]​ Esta investigación se originó a partir de otra investigación relacionada con la empresa Mercasevilla, (ver apartado correspondiente), en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas, llevadas a cabo desde 2001.

[9]​[24]​ El supuesto delito había sido descubierto por una auditoría realizada en 2008 a la empresa y con la cual se descubrieron gastos sin justificar y una pérdida contable de 1,5 millones de euros.

Su ausencia, originalmente calculada en un par de semanas, se prolongó seis meses.

Sin embargo, éste dejó el juzgado en diciembre del mismo año y la jueza Ana Rosa Curra Rojo fue designada como nueva sustituta de Alaya.

[31]​ A fines de febrero del mismo año, Alaya prorrogó su baja médica dos semanas más; con esa prórroga, el tiempo de baja acumulado total superó los seis meses, tiempo tras el cual el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede tomar los partes del juzgado y puede gestionar la jubilación de la jueza por incapacidad permanente.

[9]​[5]​[24]​[33]​ El mismo mes, el TSJA reconoció la titularidad de Alaya al frente del juzgado y decidió mantener al juez Rogelio Reyes como su auxiliar por un período de seis meses.

[41]​ Las alabanzas al trabajo de la jueza hechas en el comentario del consejero fueron vistas como una crítica irónica a su competencia laboral.

[42]​ Esa fue la segunda ocasión que el consejero Llera hacía comentarios críticos acerca del trabajo de la jueza; sus primeras críticas habían sido reclamadas por la asociación Foro Judicial Independiente.