Caso ERE en Andalucía

[7]​[8]​[9]​ La causa saltó a la actualidad mediática cuando el diario español ABC destacó en portada afirmando que entre 2000 y 2009 la cantidad desviada ascendía a un total de 680 millones de euros.Aun así sirvieron para modificar la opinión pública que daría más adelante el gobierno de Andalucía a la oposición.[34]​ En una entrevista concedida al periódico ABC, la juez Mercedes Alaya dijo que PSOE y PP votaron en el CGPJ apartarla de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos sumamente graves.[40]​ En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE.El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos.Esta operación urbanística se amañó, según la magistrada, para que la constructora Sanma (filial del grupo Sando) ganara el citado concurso pese a no presentar la oferta económica más ventajosa para el mercado central, que fue de Noga (50 millones de euros más).[55]​ Un tercer sumario se centra en las irregularidades que pudieron haberse cometido en los ERE solicitados por Mercasevilla en los años 2003 y 2007, es el caso del ERE de Mercasevilla.. Fue en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa.Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),[60]​ su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.[65]​ También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.[67]​ El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.[69]​ Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros.No hubo acuerdo entre las fuerzas políticas: el PSOE sólo exigía responsabilidades políticas al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero Benítez; IU, a los exconsejeros Antonio Fernández García y José Antonio Viera; mientras el PP elevaba la culpabilidad hasta la cima de la Junta de Andalucía, en las figuras de los presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.Durante un tiempo trabajó como administrativo en Minas de Río Tinto S.A., empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo).Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.[90]​ Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".Todos ellos son parlamentarios autonómicos o nacionales, lo que conlleva que, debido a su aforamiento, deben ser juzgados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Las personas mencionadas pasan a tener un estatus "equivalente al de un denunciado o querellado".[98]​ Los expresidentes Chaves y Griñán, ahora diputado y senador respectivamente, no se consideran imputados si no lo declara así el Tribunal Supremo, competente para juzgarles.Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.[101]​[102]​ Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.[103]​[104]​ El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,[105]​ y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.[108]​ Carmen Martínez Aguayo, por su parte, señaló que la responsabilidad política del caso recae en los exconsejeros de Empleo, Viera y Fernández.[109]​ Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, entiende que la juez Mercedes Alaya no haya imputado al exconsejero José Antonio Viera, pues esto le supondría dejar la instrucción de este caso en manos del Tribunal Supremo, al ser Viera diputado del Congreso y por tanto, aforado.[114]​ El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas.En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la juez no tenía competencias para conocer su contenido,[116]​ aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.[120]​ El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".[124]​ Juan Lanzas era la persona que negociaba con empresarios, que no teniendo en su empresa ningún problema y dando beneficios con normalidad, querían aplicar un ERE fraudulento y, así, poder despedir a trabajadores fijos y con muchos años de antigüedad, utilizando para indemnizarlos la financiación del plan de los ERE.Al final fijaron los 600.000 € ya citados, lo que al aplicarse a cinco empresas de los Ruiz Mateos, o lo que es lo mismo a cinco ERE (uno por empresa) representaba que los Ruiz Mateos daban al conseguidor tres millones de euros en concepto de comisión.Añadió el abogado, que Ruiz Mateos y "El conseguidor", acordaron que los pagos, Ruiz Mateos los haría a plazos y se los entregaría en mano a al conseguidor.[136]​ José Antonio Griñan fue el único de los condenados que no ingresó en prisión.