[1] Actualmente hay 17 empresas y más de 200 personas bajo investigación.
[3] El caso se refiere al procedimiento de pago de los cursos de formación profesional ocupaciónal (FPO) para desempleados: la Junta pagaba el 75% del importe por adelantado a la entidad formadora y entregaba el 25% restante una vez que ésta justificaba el final del curso.
[4] La UDEF encontró algunos cursos impartidos en la provincia de Málaga en los que la entidad formadora había percibido el anticipo del 75% y no había solicitado el otro 25%, lo que levantó las sospechas de que el curso no había sido realizado.
Aludían también a personas afectadas por el fraude, que nunca llegaron a participar en los cursos anunciados, y a empresas que recibieron entre 300.000 y 2 millones de euros por cursos de formación que no se impartieron.
[13] Al día siguiente, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, anunció que para la Junta, esta información se trata de una "filtración interesada" a medios de comunicación como El Confidencial y Libertad Digital, para abrir una "causa general" contra Andalucía, empleando términos como "gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas" o "intoxicación periodística".