Masacres de Sacaba y Senkata
En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.
[7] Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, informó que, según las conclusiones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en los atentados a la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata se usaron bombas molotov y dinamita.
Luego de varios enfrentamientos con la policía, se reportaron 6 muertos y 115 heridos.
[34][35] Para el 20 de ese mismo mes, según la versión del gobierno boliviano perdieron la vida los ciudadanos Deybi Posto Cusi, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido que aún no había sido identificado, durante acciones que el Gobierno califica en palabras del Ministro de defensa como terrorismo,[36] de la misma manera el gobierno niega el uso de armas militares en el operativo que horas más tarde reportaría más víctimas .
[38][39][40] El gobierno transitorio de Añez, argumentando esta información, niega responsabilidad en las muertes.
Después de recoger varios testimonios y declaraciones en las localidades mencionadas, el equipo emitió un informe en el que constata 36 muertos y más de 500 heridos.
[44] El estudio concluye que las fuerzas militares y policiales gubernamentales habrían abierto fuego contra la población civil, siendo este desmentido por Informes del Ministerio Público de Bolivia y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
[49] Autoridades del Ministerio de la Presidencia afirmaron que el informe era "injusto, incompleto e inconsistente".
[53] Entre los principales críticos de la CIDH se encuentran varios ex-defensores del pueblo que califican dichas declaraciones de "parcializadas", sin presentar descargos.
[54] Arturo Murillo, Ministro de Gobierno de Bolivia, aseguró que "no refleja la realidad" y que "está favoreciendo solamente al narcoterrorismo".
[57] El informe, realizado a partir de entrevistas a víctimas, testigos, periodistas y funcionarios, identificó cuatro grandes áreas en las que se cometieron violaciones a los derechos humanos: violencia estatal contra manifestantes armados, falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia, arresto disidentes y violencia civil y paraestatal.
[65] Según los primeros datos dados a conocer, en el marco de los disturbios postelectorales 1500 personas fueron procesadas por terrorismo y sedición; se produjeron 37 víctimas mortales, de las cuales 27 fallecieron por impacto de bala calibres 22, 5.5 milímetros que pertenece a armas de origen norteamericano y calibre 7.62 milímetros que corresponden con fusiles automáticos ligero (FAL); y otras 512 personas resultaron heridas.
