Allí mismo adelantó la especialización en derecho administrativo.
Empezó ejerciendo su profesión como una abogada litigante en el sector público, para luego hacer un alto en el camino en el sector privado, primero como secretaria general de la Fiduciaria Colmena y luego como gerente general de la productora cinematográfica Casablanca.
En septiembre de 1989 asume el cargo de Ministra de Justicia y Derecho, siendo la primera mujer en Colombia en llegar a ejercerlo; para entonces era la octava persona designada en esta cartera en los últimos tres años, debido a las constantes amenazas de los narcotraficantes sobre quien ejerciera tal cargo.
A principios de 1990 debió renunciar y salir del país, precisamente por amenazas, pero después afirmó a que fue "obligada a dimitir por el presidente Virgilio Barco" y que la extradición era el punto más difícil de esta guerra contra las mafias.
El 13 de marzo el gobierno de Juan Manuel Santos la incluyó en la segunda terna para elegir fiscal, junto al expresidente de la Corte Constitucional de Colombia Eduardo Montealegre y la también abogada María Luisa Mesa, quien se desempeñaba como consiliaria de la Universidad del Rosario.