[3] En España, las competencias en seguridad están repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, provocando en ocasiones una cierta descoordinación entre los recursos, por lo que esta ley busca coordinar todos los recursos del Estado para responder eficazmente a las nuevas amenazas modernas.
Una vez aprobada, será presentada en las Cortes Generales en los términos previstos en esta ley.
La ley también prevé la colaboración de las entidades privadas que posean servicios esenciales e infraestructuras críticas que puedan afectar a la Seguridad Nacional así como la colaboración de la población civil, mediante los mecanismos que en el momento de la crisis se creen para dicha colaboración.
Está integrado por los componentes fundamentales siguiendo los mecanismos de enlace y coordinación que determine el Consejo de Seguridad Nacional, actuando bajo sus propias estructuras y procedimientos.
El Sistema de Seguridad Nacional es dirigido por el presidente del Gobierno (asistido por el CSN).
Al ser una medida excepcional, en su declaración debe constar todo tipo de datos que permitan un control exhaustivo de las medidas llevadas a cabo, tales como en dónde se aplica, la duración, los recursos que se necesitan o la autoridad que se va a encargar de la situación entre otros detalles.
El título IV regula los recursos necesarios para afrontar el problema de seguridad nacional.
Además, cuando la declaración de recursos para la Seguridad Nacional suponga algún perjuicio, dará lugar a una indemnización por parte del Estado.
Para hacer esto último, el alto tribunal aclaró que sería necesario activar el artículo 155 de la Constitución.