Se desempeñó como representante a la Cámara entre 2010 y 2014, actualmente es senador del Pacto Histórico.

[4]​ Su nombre es constantemente referido en la prensa, por ser parte del Caso Uribe, que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su abogado Diego Cadena y los testigos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, como testigos.

En 1965, cuando Iván tenía 3 años de edad, su familia fue forzada al exilio, se dirigieron hacia Praga, Checoslovaquia; en 1968 cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia la familia migró hacia La Habana, Cuba.

[8]​ Los inicios de Iván Cepeda como activista por los derechos humanos se remontan al año en que fue asesinado su padre; sin embargo antes había militado en organizaciones políticas como la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), a la que se vinculó cuando tenía 13 años.

[9]​ Esta nueva afiliación de Iván provocó un distanciamiento con su padre, quien siguió militando en la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Este distanciamiento no impidió que Cepeda se empeñara en investigar la muerte de su padre ocurrida en 1994; el día siguiente al magnicidio creó junto con su esposa, Claudia Girón, la Fundación Manuel Cepeda para esclarecer el crimen.

[8]​ En su trabajo como activista, constituyó el Movimiento Nacional por las Víctimas, conformado por 17 organizaciones que buscaban aclarar crímenes ocurridos en las décadas de 1980 y 1990.

[13]​ Desde 2012, ha sido primero acusado y luego reconocido como víctima en un proceso que involucra al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, su abogado Diego Cadena, Enrique Pardo Hasche, Juan Guillermo Monsave entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el Estado colombiano no había actuado con diligencia en la investigación y sanción de los responsables del magnicidio, que había obstruido la justicia, que no había reparado adecuadamente a los familiares del asesinado líder y que presuntamente el asesinato fue perpetrado mediante la coordinación de miembros del Ejército con grupos paramilitares, decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Germán Vargas Lleras, quien para entonces se desempeñaba como ministro del Interior, en nombre del Estado, reconoció que el asesinato "fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen" y pidió perdón a la familia de Cepeda.

[18]​ Además de su carrera como político, Cepeda ha escrito varios libros en los que aborda, principalmente, el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.