Son varios los sociólogos e historiadores que apuntan como crítica la situación que atravesaba la España de 1970 (véase Historia de la educación en España), considerando el proceso que tomaba el régimen de Franco y la evolución del país a nivel social, político y educativo,[2][3] y que señalan la necesidad de una ley que dotara al país de un sistema educativo más justo, más eficaz y más en consonancia con las necesidades del momento.
[4] Para quien, la Ley y, en concreto, el Libro Blanco, estaban influidos por estas circunstancias, incluyendo las revueltas estudiantiles universitarias: La situación universitaria era lo más llamativo, pero, además había un clima crítico general: La crítica al sistema educativo se puede resumir en los siguientes datos: de cada 100 alumnos que iniciaron la enseñanza primaria en 1951, llegaron a ingresar 27 en enseñanza media; aprobaron la reválida en bachillerato elemental 18, y 10 en el bachillerato superior; aprobaron el preuniversitario 5 y culminaron estudios universitarios 3 alumnos en 1967, según se especifica en el propio libro blanco.
Abarcaba todo el sistema educativo, desde la formación infantil hasta la universidad y que venía a sustituir a la ley Moyano, con más de un siglo de existencia.
Estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB, la Educación General Básica, estructurada en dos etapas.
Tras esta primera fase de ocho cursos, el alumno accedía al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, o a la entonces creada FP, Formación Profesional.
los alumnos debían escoger entre dos opciones, ciencias y letras, eligiendo tres de las cuatro asignaturas que se ofertaban en cada opción, que complementaban a las asignaturas obligatorias, comunes para ambas ramas.
La otra, encomendar el perfeccionamiento del profesorado a los Institutos de Ciencias de la Educación, ubicados en las Universidades, no pareciendo que, salvo excepciones, haya arrojado un saldo positivo».
Queda por dilucidar hasta qué punto se trasladó luego esta ideología a la práctica en vivo».
[28][nota 2] Son dos versiones que ofrece el libro “Las reformas educativas a debate” de Julia Varela.
En relación con los CEP, señala que estos quisieron dar respuesta a dos tipos de necesidades de los profesores: las necesidades sentidas o deseadas por ellos mismos y las necesidades objetivas (analizadas exteriormente), pero no las han conseguido, pues se han configurado con el mismo carácter “administrativo” que se le achacaba a los ICE.
[31] El debate sobre los ICE ha cesado, y de existir, pertenece al ámbito interno universitario, mientras siempre será un debate permanente la formación del profesorado, puesto que es pieza esencial en el avance educativo,[32] sobre todo, porque va implícita a los continuos cambios del sistema educativo español, objeto de crítica social: "35 años y siete leyes escolares"[33] Al cambiar, por lo tanto, las leyes educativas, reducirse o desaparecer la financiación, así como aparecer nuevas instituciones en la formación del profesorado (CEP), la consecuencia ha sido que los ICE han ido tomando un rumbo peculiar según las diferentes universidades, extinguiéndose en algunas de ellas y, en la mayoría, se han convertido en un servicio de formación y apoyo al profesorado universitario y, en menor medida, al alumnado o al Personal de Administración y Servicios (PAS).
[35] Esto no quita para que, en este proceso evolutivo y adaptativo, cada ICE haya reconfigurado un perfil propio.