Se aprobó gracias a la iniciativa legislativa promovida por Claudio Moyano.
Destaca por ser la primera legislación española que establece la obligación en cuanto a la creación estatal de escuelas de niñas, así como por ser la ley educativa más longeva de la historia del país, en cuanto que, con sucesivos desarrollos reglamentarios, ordenó el sistema educativo, de una manera u otra, hasta 1970, cuando se promulga la Ley General de Educación.
[5] Primeramente, separando en lo posible a la Iglesia católica del control total del sistema educativo, que pasaría al gobierno; después, obligando a hacer de la lengua española el vehículo universal, en detrimento del latín (el uso de la lengua vernácula, aún en descansos o charlas privadas, suponía una sanción en muchas Universidades); y después, manteniendo unos principios que no se alteraron gravemente desde el Informe Quintana con todas las salvedades que se desee: pretensión de educación universal primaria, gratuita en lo posible, modernizada, uniforme, dirigida, profesionalizada y controlada por el Estado.
Hubieron de pasar bastantes años y gobiernos para que a través del Plan Pidal de 1845 y, sobre todo, de la Ley Moyano del 57, la enseñanza española diera algunos frutos visibles obligando a hacer extensiva la preparación a muchos sectores de la población -con todas las salvedades, injusticias y contradicciones que se quiera—, y acercándose muy fielmente a los parámetros generales de enseñanza primaria o básica (rudimental), media o bachillerato y universitaria, con doctorado exclusivo en la Universidad Central de Madrid desde 1850.
La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenamiento General del Sistema Educativo, LOGSE, la aumentó a 16 años.