Tasa Tobin
El impuesto sobre las transacciones financieras (ITF)[1], llamado tasa Tobin a pesar de no ser una tasa, es un tipo de impuesto sobre las transacciones financieras propuesto por el economista estadounidense James Tobin en sus Janeway Lectures en la Universidad de Princeton en el año 1971.
En su nueva formulación se propone que su recaudación se destine a fines sociales o que tenga por objetivo el control de crisis financieras como la crisis de la deuda soberana europea.
Desde 2011, se relanzó la reivindicación de este impuesto, tanto desde autoridades políticas y monetarias como diferentes discusiones en el seno de la Unión Europea, así como desde ciertas ONG como Oxfam, quien la rebautizó como Impuesto Robin Hood.
En este sentido, afirmó: Sería un impuesto [tax en el original] acordado de modo uniforme internacionalmente, administrada por cada gobierno en su propia jurisdicción.
Gran Bretaña, por ejemplo, sería responsable por gravar todas las transacciones intra divisa en la divisa Europea de los bancos y brokers basados en Londres, incluso aunque la libra esterlina no participara.
De acuerdo a Paul Bernd Spahn en 1995, el "análisis ha mostrado que la 'tasa Tobin' tal y como fue propuesta originalmente no es viable y debería dejarse de lado".
Afirmó: "creo que se da el caso para una tasa Tobin... [pero] no está nada claro que una tasa Tobin fuera a reducir la volatilidad en los mercados de cambio.
Es cierto que desincentivaría la especulación de divisas pero también reduciría la liquidez del mercado".
En ambos casos, las diferentes ideas propuestas han incluido tanto conceptos nacionales como multinacionales.
Mi propuesta fue realizada ha sido convertida en una suerte de pieza clave del programa antiglobalización».
El economista no se declaró contrario al uso de la recaudación del impuesto, pero llamó la atención sobre que ese no era el aspecto más importante del impuesto.
Attac y otras organizaciones han reconocido que aunque todavía consideran la idea original de Tobin como primoridal, piensan que el impuesto podría generar fondos para las necesidades de desarrollo del Sur (como los Objetivos de Desarrollo del Milenio),[26] y permitir a los gobiernos, y por lo tanto a los ciudadanos, reclamar parte del espacio democrático concedido a los mercados financieros.
Para los bonos con un vencimiento de cinco años o superior, el impuesto era del 0,003 %.
[31] Además, al caer los volúmenes negociados imponibles, la recaudación de los impuestos sobre las ganancias del capital también cayeron, eliminando por completo el efecto recaudador positivo del impuesto sobre las transacciones de capital.
Así, se percibió que los impuestos sobre los valores de renta fija solo sirvieron para incrementar el coste del endeudamiento público, dando otro argumento contra el impuesto.
Una vez que los impuestos fueron eliminados, los volúmenes de negociación volvieron y crecieron sustancialmente durante los años noventa.
[cita requerida] Un tipo de impuesto sobre las transacciones financieras (tax en el original) es la Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) y el impuesto de sello.
[36] Analizando los tres cambios en los tipos de la Stamp Duty, Saporta y Kan (1997) encontraron que los anuncios de incremento (o reducción) del tipo del impuesto fueron seguidos por rendimientos negativos (o positivos), pero incluso aunque estos resultados fueron estadísticamente significativos, podrían estar influidos por otros factores, dado que los anuncios fueron realizados en "día de presupuesto".
[45][46] Este impuesto se aplicaría más allá de las puras transacciones financieras: "todas las compras y el petróleo serían gravadas".
[45] En contra se pronunció su hermana, Christine Van Rompuy, quien dijo, "cualquier nuevo impuesto afectará directamente a los pobres".
Propone su introducción gradual, comenzando seguramente en Europa donde el apoyo a la misma es mayor.
El primer paso podría incluir un impuesto sobre los instrumentos financieros en unos pocos países.
Stephan Schulmeister del Austrian Institute for Economic Re-search ha sugerido que inicialmente Gran Bretaña y Alemania podrían implementar el impuesto en un amplio conjunto de instrumentos financieros dado que el 97 % de todas las transacciones sobre divisas en la Unión Europea tiene lugar en estos dos países.
