Guerra contra las pandillas en Honduras

El 3 de diciembre de 2022, el gobierno de Honduras decidía imitar a El Salvador y a su gobernante, Nayib Bukele y al mismo tiempo recibir apoyo de Bukele y del país vecino, se anunció que se suspenderían algunos derechos constitucionales en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales en esas dos ciudades, en particular la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Calle 18.Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno de socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión”.[3]​ Según Leandro Osorio, excomisario de la Policía Nacional, la represión “llevaría a cabo acciones represivas" y "penetrarían" en las pandillas para capturar a sus líderes.cuando 2.000 policías ingresaron a zonas controladas por las pandillas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.[5]​ El 23 de marzo la presidenta Xiomara Castro propuso la idea de construir cárceles de máxima seguridad para el año 2023 con el objetivo de aislar a las bandas criminales y frenar su actuar desde las prisiones, según informó el director de la Policía Nacional de Honduras Gustavo Sánchez, explicó en una entrevista a los medios de comunicación que los nuevos centros penitenciarios permitirán “aislar a estas personas que están siendo procesadas o están sentenciadas por delitos del crimen organizado, ser miembros de maras y pandillas, pertenecer a estructuras criminales, narcotráfico”.