[2][3] En la terrible década de 1990, varias autoridades, en línea con una minoría de académicos juristas, afirmaron que la limpieza étnica tal y como fue llevada a cabo por elementos del ejército serbio-bosnio constituía un genocidio.
Esto incluyó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tres condenas por genocidio en los juzgados alemanes, basadas en una interpretación más amplia del término genocidio que el utilizado por las cortes internacionales.
[4] En el 2005, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que declaraba que "las políticas serbias de agresión y limpieza étnica cuadran con los términos que definen un genocidio";[5] sin embargo, junto con la mayoría de académicos juristas, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinaron que, para que las acciones sean juzgadas como genocidio, debe haberse dado la destrucción física o biológica de un grupo protegido y una intención específica para cometer tal destrucción.
Dicho asesinato masivo, llevado a cabo por unidades del Ejército de la República Srpska, el VRS, bajo el mando del general Ratko Mladić, así como por un grupo paramilitar serbio conocido como “Los Escorpiones”, se produjo en una zona previamente declarada como "segura" por las Naciones Unidas, ya que en ese momento se encontraba bajo la “protección” de 400 cascos azules holandeses.
A la fecha, tras varios acuerdos judiciales y algunas condenas que fueron cuestionadas en apelaciones, solo Radislav Krstić ha sido encontrado culpable de complicidad en el genocidio por una corte internacional.
Slobodan Milošević, expresidente de Serbia y Yugoslavia, fue la figura política más antigua en ser juzgada por el TPIY.
El TPIY emitió una orden de arresto para Radovan Karadžić y Ratko Mladić por varios cargos, incluyendo genocidio.
[18] La resolución fue aprobada con una mayoría abrumadora de 370 votos a favor, 1 en contra y 62 abstenciones.
La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción sobre ellos, debido a que este caso trata "exclusivamente con genocidio en un sentido legal limitado y no en el amplio sentido que a veces se le da al término.
La Cámara de Apelaciones reconoció expresamente esta limitación y evitó cualquier definición más amplia..." aunque como la Corte Baja, la corte de apelaciones también dictaminó que la limpieza étnica podía con otra evidencia llevar a inferir una intención genocida.
"[36] Habiendo revisado el caso y las sentencias internacionales más recientes sobre el tema, la CEDH dictaminó que "la corte encuentra que la interpretación de las cortes [alemanas] de 'intento de destruir a un grupo' como uno que no requiere la destrucción física del grupo, lo que también ha sido adoptado por unos cuantos académicos... es, por tanto, cubierto por el lenguaje, leído en su contexto, del crimen de genocidio en el Código Penal [alemán] y no parece razonable.
Si bien la CIJ podía haber citado los documentos directamente de Serbia, no lo hizo y confió en su lugar en aquellos hechos públicos durante los juicios del TPIY.
Marlise Simons, al informar sobre esto en el New York Times, sostiene que "cuando los documentos fueron entregados al TPIY, los abogados dijeron que un equipo de Belgrado ha dejado en claro en cartas al tribunal y en reuniones con los fiscales y jueces que quería los documentos expurgados para evitar dañar el caso de Serbia en la Corte Internacional de Justicia.
Los serbios no ocultaron esto, incluso cuando arguyeron que la 'seguridad nacional' dependía de su caso.
Diane Orentlicher, una profesora de leyes en la Universidad Norteamericana en Washington, comentó "¿Por qué la corte no solicitó los documentos completos?