Fiscal (funcionario)

A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).Los fiscales suelen ser funcionarios que poseen una título universitario en derecho y una formación adicional en la administración de justicia.Abren investigaciones preliminares y pueden mantener a un sospechoso bajo custodia hasta 48 horas.Los miembros del Ministerio Público Federal se dividen en tres rangos, según la jurisdicción de los tribunales ante los que ofician.En estos casos, el fiscal oficiará como custos legis, siendo el responsable de garantizar que la justicia efectivamente se lleve a cabo.Aunque están facultados por la ley para hacerlo, los fiscales llevan a cabo investigaciones penales sólo en casos importantes, normalmente relacionados con infracciones policiales o de funcionarios públicos.[4]​ La facultad de los fiscales individuales de realizar investigaciones penales fue controvertida y, aunque apoyada masivamente por jueces, fiscales y la población en general, fue impugnada ante el Supremo Tribunal Federal, pero en 2015, este Tribunal se pronunció favorablemente a su facultad (RGE n. 593.727-MG).[5]​ Disposiciones similares se encuentran en el Código Procesal Penal[6]​ y en el artículo 144 de la constitución federal.El fiscal general inicia la investigaciones preliminares y, si es necesario, pide que se asigne a un juez de instrucción (sistema inquisitoria - juez de instrucción) para dirigir una investigación judicial formal.Durante los procesos penales, los fiscales se encargan de presentar el caso en el juicio, ya sea ante el sillón o ante el jurado.Mientras que la defensa y el demandante están representados por abogados comunes, que se sientan (en sillas) en el suelo de la sala, el fiscal se sienta en una plataforma como el juez, aunque no participa en la deliberación.Los fiscales en Italia son funcionarios judiciales al igual que los jueces y se les denomina ceremonialmente Pubblico Ministero ('Ministerio Público' o P.M.).Los fiscales italianos ofician como custos legis, siendo responsables de garantizar que la justicia se lleve a cabo.Pueden dirigir las investigaciones o llevarlas a cabo mediante órdenes y directrices dadas a los detectives de la policía (judicial), que pueden realizar sus propias investigaciones paralelas en coordinación con el Fiscal.Los demandantes también tienen la opción de contratar a su propio fiscal especial (enskilt åtal).El fiscal no es un funcionario judicial, ni participa en las deliberaciones privadas del tribunal.Por lo demás, los recursos son iniciados por el abogado defensor, el demandante, sus representantes y otras partes del caso (målsäganden).