Ante la escasa voluntad de la justicia ordinaria para solventar la situación, el conde-marqués pidió amparo al rey.

A este punto cabe recordar que el feudo siempre había gozado del privilegio de Diritto di merum et mixtum inperium,[9]​ es decir, plena y absoluta jurisdicción civil y penal; los Ventimiglia no solo configuraban su propia justicia: la aplicaban en el acto.

La corona montó en cólera al conocer la noticia y los agresores solo pudieron salvar sus vidas huyendo de la isla, iniciándose un tremendo contencioso entre la corona y la casa de Ventimiglia que casi acaba definitivamente con esta última.

[14]​ Fue un duro golpe para el marqués, ya que supuso una importante merma en sus derechos feudales sobre sus dominios.

[16]​ Desde el punto de vista financiero, al conde-marqués no le iban las cosas mejor.

A todo esto debía sumarse las deudas contraídas por el propio Enrico III, que ni siquiera había pagado los derechos reales por su sucesión en el marquesado de Irache y Pettineo.

Consiguió una nueva moratoria, esta vez de dos años, para satisfacer los pagos a la corona.

En realidad, Enrico III no había pagado ni los derechos reales sobre su sucesión en el marquesado.

Finalmente, en abril de 1482 el virrey Spes,[20]​ acuciado a su vez por la urgencia recaudadora de la corona, a través del justicia Pietro d’Espagna, tomó la decisión de conceder un ultimátum al conde-marqués: o pagaba en seis días o le serían confiscadas todas sus posesiones y rentas, para su posterior venta hasta obtener la deuda debida.

[21]​ Tenía el conde-marqués varios frentes financieros abiertos, además de la descomunal deuda con la corona.

Hasta tal punto aumentaron las fricciones en este último caso que desembocaron en un duelo entre ambos,[22]​[23]​ afortunadamente sin consecuencias irreparables.

[24]​ Está comúnmente admitido que dicho duelo fue provocado por diferencias con la dote que el propio Enrico III debía recibir por su matrimonio con Eleonora de Cardona, el castillo de la Rocella.

[26]​ Gracias a la protección de los presidentes del Regno iba soslayando momentáneamente los problemas con la Justicia.

Como tal delito llevaba anexa la expropiación y destierro, la causa era de extrema gravedad.