Este cuerpo legal establece que el país corresponde a un estado unitario, cuya administración es funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, de conformidad con la legislación vigente.
Durante el siglo XVI, la Gobernación estuvo formada por 12 corregimientos, los cuales variaron en los años siguientes con la segregación de territorios hacia otras divisiones del Imperio español.
En 1786, las reformas borbónicas reemplazaron los corregimientos por dos intendencias, Santiago y Concepción, subdivididas en partidos.
Una vez alcanzada la independencia, diversos modelos de organización del nuevo país fueron propuestos e implantados brevemente.
La carta fundamental definió la división política del país en provincias, conformada sucesivamente por departamentos, subdelegaciones y distritos.
Por otro lado, la Guerra del Pacífico expandió el territorio chileno hacia el norte, por lo que se sumaron las nuevas divisiones de Tacna (1884), Tarapacá (1884) y Antofagasta (1888).
Pese a que los decretos de 1928 intentaron reducir el número de provincias y departamentos, rápidamente estos fueron recreados y en una década se alcanzaron las 25 provincias, esquema que se mantendría con algunas variaciones hasta 1974.
Hasta 2013, los consejeros que conforman este organismo fueron seleccionados por elección indirecta, a través de los concejales electos democráticamente por la ciudadanía.
Una reforma constitucional cambió ello, y desde 2014 los consejeros regionales son electos directamente cada cuatro años.
[18] Aunque actualmente la provincia de Santiago no posee un Delegado Presidencial Provincial.
Si bien la idea general de una comuna corresponde al territorio en torno a un núcleo urbano relevante, esto no siempre es así.
[21] La estructura territorial, además, trata legalmente a todas las regiones de la misma forma.
[22] Recién en 2007 se establecieron territorios con características especiales, que pudieran ajustarse a las peculiaridades propias de las zonas insulares.
[22] En las últimas décadas se han planteado reformas al sistema para profundizar la descentralización del poder, así como democratizar y entregar autonomía real a las regiones.
Algunas consignas a favor de mayor descentralización han estado presentes en diversas manifestaciones, destacando las ocurridas en Magallanes (2011) y Aysén (2012),[21] que han dado origen a movimientos políticos como el Partido Regionalista de los Independientes.
Por ello, la reforma administrativa decidió reorganizar estos territorios, fusionándolos para lograr las 13 regiones originales.
Arica fue sumada así a la Provincia de Tarapacá, con capital en Iquique, lo que se mantuvo tras la regionalización.
[28] En la administración local, en tanto, la creación de nuevas comunas ha sido un tema bastante más recurrente que en los casos anteriores.
Desde el retorno de la democracia, diversas propuestas han sido formuladas por el Gobierno y el Congreso, siendo algunas realizadas.
Sin embargo esta Región ya había sido propuesta por alcaldes y pobladores en repetidas veces anteriormente.