En Estados Unidos, los movimientos por los derechos del niño surgieron durante el siglo XIX con el Train (un experimento social que buscaba fomentar el transporte de niños de las grandes ciudades del Este, como Nueva York y Boston, hacia el Oeste, para crear casas por todo el país).
La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios intelectuales durante el siglo XIX.
Un ejemplo de ello fue la referencia que hizo el escritor francés Jules Vallès en su obra El niño (1879), y más claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin en "Children's Rights"(1892).
En 1874 el caso Mary Ellen, una niña estadounidense de 8 años marcó un precedente.
El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.
El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo [1] Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las necesidades particulares de los niños y niñas debían estar especialmente enunciados.
Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, los 196 Estados parte han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales.
[6] Y si bien en 2008 el nuevo presidente Barack Obama dijo que su gobierno revisaría la posición, el tema no ha cambiado.
La importancia central del instrumento consiste en consolidar un parámetro temporal específico para el encarcelamiento que puede sufrir un niño o una niña (con especial énfasis en que este no puede afectar su salud, tanto física como mental) al establecer que la privación de libertad debe ser utilizada como medida de último recurso (Regla 1°), limitada a casos excepcionales y por el menor tiempo posible (Regla 2°).
Existen medidas de protección integral para las niñas, niños y adolescentes, que son decisiones para protegerlos cuando sus derechos son amenazados o violados, sea que la amenaza o violación al derecho venga del Estado, de cualquier persona o del propio menor.
Algunas medidas de protección son mantenerlos con su familia, incluirlos en programas que busquen fortalecer y apoyar a las familias, darles ayuda económica si hay necesidades básicas insatisfechas, falta de vivienda o dificultades económicas, para mantener los vínculos familiares y lazos afectivos, incluirlos en programas de asistencia integral a la embarazada y darles tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos a cualquier menor que lo necesite o a sus padres.