El Derecho de presentación era una prerrogativa regia concedida por el Papa a ciertas monarquías europeas del Antiguo Régimen; siendo el más destacado el caso de los Reyes Católicos y sus herederos en la Monarquía Hispánica.
Por este derecho, aunque nominalmente siga siendo la Santa Sede la que nombra a los obispos, son los reyes los que controlan su designación, pues se les otorgaba el derecho a presentar una terna con los candidatos "idóneos" a juicio de la Corona para que el papa seleccionara de entre ellos a quien debía ocupar la sede vacante.
Su régimen fue, en los primeros decenios (el denominado nacionalcatolicismo), fuertemente apoyado por la Iglesia católica, que lo consideraba un salvador providencial de la persecución religiosa durante la guerra civil española, y a ésta, una nueva Cruzada.
A partir del Concilio Vaticano II se produjo un evidente distanciamiento entre la Iglesia y el régimen de Franco, gracias al gran valedor de las directrices emanadas del Concilio Vaticano II: el cardenal Tarancón.
Desde 1975, el titular del derecho de presentación pasó a ser, ya como rey, Juan Carlos I; pero no llegó a utilizarlo.