[3]​ Por el contrario, para Pablo Martín de Santa Olalla el pacto supuso un problema más que una solución debido a su poca viabilidad a largo plazo; hecho confirmado, en su opinión, por el Concilio Vaticano II celebrado una década más tarde, que terminaría destruyendo las bases sobre las que se asentaba este concordato.

Franco se aseguró el control del nombramiento de los obispos y el apoyo de la Iglesia católica, mientras esta última recibía importantes privilegios legales, políticos, económicos y fiscales.

El acuerdo terminó de legitimar moralmente al régimen ante la comunidad internacional.

[7]​ Confirmó la confesionalidad del Estado y el más completo reconocimiento de la Iglesia católica en España.

Se completó la restauración de los privilegios del clero, que habían sido eliminados en una parte mediante políticas liberales.

[8]​ Se logró lo que deseaba Franco, el reconocimiento internacional de su Régimen por algún Estado.

El artículo 9.1 disponía que para "evitar, en lo posible, que las diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles", ambas partes "procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas.