El mismo está firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón que, en su condición de vicepresidente electa, había reemplazado al presidente Juan Domingo Perón, fallecido el año anterior.[2][3] El artículo primero del Decreto establece su objetivo principal al ordenar al Ejército actuar militarmente en Tucumán con el fin de «neutralizar y/o aniquilar el accionar» subversivo: El Decreto ordena también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al Gobierno de la provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.Durante su desarrollo el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, las fuerzas policiales y el grupo parapolicial Triple A, no solo actuaron militarmente sobre los combatientes del ERP, al que se sumaron en 1975 combatientes de la organización guerrillera Montoneros, sino también sobre militantes sindicales, de los partidos políticos legales, recurriendo asimismo al uso generalizado de la tortura y el asesinato.Los jefes militares del Operativo Independencia desarrollado bajo el Decreto 261/75 fueron los generales Acdel Vilas, primero, que fuera reemplazado por Antonio Domingo Bussi en diciembre de 1975.[4] En 1975 la violencia política en Argentina aumentó hasta alcanzar el punto más alto de las dos décadas anteriores.La lista elaborada por el Grupo Fahrenheit contabiliza 336 personas detenidas-desaparecidas en 1975, frente a 43 del año anterior,[5] con la actuación desembozada del grupo parapolicial Triple A, liderada por el ministro de Bienestar Social José López Rega, con la tolerancia de las Fuerzas Armadas.El enfrentamiento armado le ocasionó al Ejército, entre muertos y heridos, 30 bajas.El ataque provocó una conmoción nacional y todas las fuerzas políticas condenaron el asalto.La orden secreta del 17 de diciembre de 1976 dijo textualmente: Por medio de los decretos de aniquilamiento y las normas complementarias, las Fuerzas Armadas lograron que el poder político constitucional les otorgara la autoridad que habían estado buscando durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los llamados «subversivos», la cual hasta este momento había sido en gran medida manejada por la Policía Federal, las policías provinciales y el grupo parapolicial Triple A.La introducción del polémico término militar «aniquilar» en los decretos 261 y 2772 ha generado fuertes discusiones sobre su significado y alcance en vinculación directa al concepto de guerra sucia, ya que en la aplicación de esa orden se procedió a torturar, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a personas señaladas arbitrariamente como «subversivas».
La presidenta constitucional
Isabel Martínez de Perón
firmó el decreto para «ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán».
