Fue funcionario del primer gobierno peronista.
Posteriormente fue directivo del Banco de Italia y del Banco de Buenos Aires.
En la introducción se señalaba que «El compromiso de aniquilar a la subversión debe ser asumido por todos y cada uno de los argentinos».
El proyecto incriminaba a quienes promoviesen paros, huelgas o el desenvolvimiento irregular de actividades en empresas prestatarias de servicios públicos, implementaba un nuevo proceso «sumarísimo y verbal» y autorizaba a las fuerzas armadas a detener a las personas por 5 días para efectuar averiguación de antecedentes.
[cita requerida] Mientras era ministro firmó junto con el presidente del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo Ítalo Luder, los decretos que autorizaban la intervención de las fuerzas armadas contra grupos armados como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.