El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico.
Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879 - 1884).
Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía.
El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".
Este episodio en el que el ejército disparó contra la población en El Alto es conocido como Masacre de Octubre Ante el clima hostil y la decisión del presidente que había optado usar al ejército contra la población crecen las presiones de renuncia.
En junio de 2005 el presidente Mesa propuso constituir una Asamblea Constituyente y convocar un Referéndum consultivo para dirimir el asunto del gas natural: una opción era permitir una mayor recaudación de impuesto[16] y regalías por parte del Estado a las empresas transnacionales asentadas en el país.
La otra opción era por la estatización completa, como exigían los sindicatos dirigidos por Jaime Solares,Evo Morales y Felipe Quispe.
En el año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos).
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno llegarían hasta los $780 millones el año siguiente, creciendo casi seis veces si se las compara con el año 2002, esto debido principalmente a que ahora Bolivia recibiría más del 82% de los ingresos por la explotación de hidrocarburos y 18% se llevarían Corporaciones extranjeras, adicionalmente el incremento del precio de los hidrocarburos se mostraba alentador.
[17] La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (las cuales se realizaban por primera vez; es decir que anteriormente ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de la ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar en contratos petroleros.
Como resultado Andrés Soliz Rada, el ministro de energía boliviano, atascado en las negociaciones, terminó dimitiendo en octubre y fue substituido por Carlos Villegas.
Hasta el momento, los pactos realizados entre Argentina, Bolivia, Brasil, y Venezuela, demostraban un proceso de integración energética sudamericana.
La parte del rédito para el gobierno en los campos de menor importancia se fijaba en 60%.