En un principio, se dispuso que los campesinos beneficiados por la reforma agraria debían pagar la deuda.
Para ese entonces, el Estado había emitido bonos por 17500 millones de soles oro.
[3] En el año 2001, el TC emitió una decisión sobre la demanda del CIP estableciendo que los bonos debían ser pagados actualizándose la deuda al valor del mercado, aunque no se especificó la metodología a seguir.
[10] Sin embargo, el presidente de entonces, Alan García, anunció que no iba a promulgar la referida ley.
[15] En el año 2022, Gramercy consiguió 100 millones de dólares por daños y costos.