Así también como los entes administrativos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.
[2] La administración pública está regida por las siguientes leyes:[1] La administración está conformada por dos mil instituciones, incluidas las encargadas de la descentralización del país, para atender las necesidades de la población, en que el Estado las gestiona.
El Perú presentó fuertes ineficiencias debido a una falta de organización en la legislación vigente así como la conexión con la ciudadanía.
Un pequeño funcionariado altamente profesional se encuentra en las funciones económicas y regulatorias del Estado.
El régimen privado está extendido pero no es una estrategia integral del empleo público, con lo que se agrava la insularidad en las entidades bajo este sistema y se fragmenta más el sistema.
Es muy utilizada en ministerios y llega a representar hasta el 80% de los trabajadores.
[11] Existe un buen desempeño en cuanto a políticas macroeconómicas y fiscales, pero en general las instituciones se ubican por debajo del promedio de Latinoamérica.
En las otras funciones, relacionadas con bienes y servicios como educación, salud e infraestructura, es bastante deficiente.
Esto se debe a partir de la estrategia de fujishock, en que BCR se mantuvo independiente, garantizada por la constitución, un plantel técnico entre los mejores pagados y una fuerte institucionalidad.
La inversión en infraestructura es baja y muchos sectores no han sido regulados.
Durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, el Estado se preocupó por la reforma de aquellas instituciones ligadas al mercado, mientras que los demás ministerios fueron relegados.
Los ingresos se encuentran concentrados geográficamente y es menos progresiva que el promedio latinoamericano.
El IGV, ISC -el consumo selectivo- y las importaciones representan un 75% de los ingresos, mientras que el impuesto a la renta, alrededor del 23%.