La independencia judicial es el concepto de que el poder judicial debe ser independiente de los demás poderes del gobierno. Es decir, los tribunales no deben estar sujetos a influencias indebidas de los demás poderes del gobierno o de intereses privados o partidistas. La independencia judicial es importante para la idea de separación de poderes .
Los distintos países abordan la idea de la independencia judicial a través de diferentes medios de selección judicial o elección de jueces . Una forma de promover la independencia judicial es otorgarles un mandato vitalicio o prolongado, lo que idealmente les da la libertad de decidir casos y tomar decisiones de acuerdo con el estado de derecho y la discreción judicial , incluso si esas decisiones son políticamente impopulares o se oponen a ellas intereses poderosos. Este concepto se remonta a la Inglaterra del siglo XVIII.
En algunos países, la capacidad del poder judicial para controlar al legislativo se ve reforzada por el poder de revisión judicial . Este poder puede utilizarse, por ejemplo, ordenando la adopción de determinadas medidas cuando el poder judicial percibe que una rama del gobierno se niega a cumplir un deber constitucional o declarando inconstitucionales las leyes aprobadas por el legislativo.
La independencia judicial sirve como salvaguarda de los derechos y privilegios previstos por una constitución limitada y evita la intrusión del poder ejecutivo y legislativo en esos derechos. [1] Sirve como base para el estado de derecho y la democracia . El estado de derecho significa que toda autoridad y poder debe provenir de una fuente última de derecho. En un sistema judicial independiente, los tribunales y sus funcionarios están libres de intervenciones inapropiadas en los asuntos del poder judicial . Con esta independencia, el poder judicial puede salvaguardar los derechos y libertades de las personas, lo que garantiza la protección igualitaria para todos. [2]
La eficacia de la ley y el respeto que la gente tiene por la ley y el gobierno que la promulga dependen de la independencia del poder judicial para dictar decisiones justas. Además, es un pilar del crecimiento económico, ya que las empresas multinacionales y los inversores tienen confianza en invertir en la economía de una nación que tiene un poder judicial fuerte y estable, independiente de toda interferencia. [3] El papel del poder judicial a la hora de decidir la validez de las elecciones presidenciales y parlamentarias también requiere de la independencia del poder judicial. [4]
Las desventajas de tener un poder judicial aparentemente demasiado independiente incluyen el posible abuso de poder por parte de los jueces. El interés propio, la dedicación ideológica e incluso la corrupción pueden influir en las decisiones de los jueces sin que existan controles y contrapesos para evitar este abuso de poder si el poder judicial es completamente independiente. [5] La relación entre el poder judicial y el ejecutivo es una serie compleja de dependencias e interdependencias que se contrarrestan entre sí y deben equilibrarse cuidadosamente. Uno puede ser demasiado independiente del otro. Además, el apoyo judicial al ejecutivo no es tan negativo como parece, ya que el ejecutivo es la rama del gobierno con mayor derecho a la legitimidad democrática. Roger K. Warren escribe que si el poder judicial y el ejecutivo están en constante disputa, ningún gobierno puede funcionar bien. [6]
Un poder judicial extremadamente independiente también carecería de rendición de cuentas judicial, que es el deber de un decisor público de explicar y justificar una decisión y de hacer enmiendas cuando una decisión causa injusticia o problemas. Los jueces no están obligados a dar una explicación completa de sus razones detrás de las decisiones, y están protegidos contra el escrutinio público y protegidos de las repercusiones legales. Sin embargo, la rendición de cuentas judicial puede reforzar la independencia judicial, ya que podría demostrar que los jueces tienen razones y fundamentos adecuados para llegar a una decisión particular. Warren opina que, si bien los jueces no electos no son democráticamente responsables ante el pueblo, la clave es que los jueces logren un equilibrio entre la rendición de cuentas y la independencia para garantizar que se defienda la justicia. [7] La supremacía judicial podría promover potencialmente una autocracia elitista, pero esto puede equilibrarse a través de la democracia . [8] Los jueces son elegidos en algunas jurisdicciones. [9]
La economía constitucional estudia cuestiones como la distribución adecuada de la riqueza nacional, incluido el gasto público en el poder judicial. En los países en transición y en desarrollo, el gasto en el poder judicial puede estar controlado por el ejecutivo, lo que socava el principio de independencia judicial porque crea una dependencia financiera del poder judicial respecto del ejecutivo. Es importante distinguir entre dos métodos de corrupción del poder judicial: el más peligroso es el estatal (a través de la planificación presupuestaria y los privilegios) y el privado. La corrupción estatal del poder judicial puede impedir que las empresas puedan facilitar de forma óptima el crecimiento y el desarrollo de una economía de mercado . [10]
En algunos países, la constitución también prohíbe al poder legislativo reducir los salarios de los jueces en funciones.
Se ha sostenido que el desarrollo de la independencia judicial implica un ciclo en el que el derecho nacional tiene un impacto en el derecho internacional y el derecho internacional posteriormente tiene un impacto en el derecho nacional. [11] Se dice que esto ocurre en tres fases: la primera fase se caracteriza por el desarrollo interno del concepto de independencia judicial, la segunda por la difusión de estos conceptos a nivel internacional y su implementación en el derecho internacional, y la tercera por la implementación en el derecho nacional de estos principios internacionales de independencia judicial recientemente formulados. [11]
Un ejemplo notable que ilustra este ciclo es el Reino Unido. La primera fase se produjo en Inglaterra con la concepción original de la independencia judicial en la Ley de Establecimiento de 1701. [ 12] La segunda fase fue evidente cuando los conceptos de Inglaterra sobre la independencia judicial se difundieron internacionalmente y fueron adoptados en el derecho interno de otros países; por ejemplo, Inglaterra sirvió como modelo para la doctrina de separación de poderes de Montesquieu , [13] y los Padres Fundadores de la Constitución de los Estados Unidos utilizaron a Inglaterra como su modelo dominante al formular el Artículo III de la Constitución, que es el fundamento de la independencia judicial estadounidense. [14] Otros países de derecho consuetudinario , incluidos Canadá, Australia y la India, también adoptaron el modelo británico de independencia judicial. [15]
En las últimas décadas, la tercera fase de la independencia judicial ha sido evidente en el Reino Unido, [16] ya que ha sido influenciada significativamente por los principios de independencia judicial desarrollados por los documentos constitucionales internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido un impacto significativo en el análisis conceptual de la independencia judicial en Inglaterra y Escocia. Este proceso comenzó en la década de 1990 con la audiencia del TEDH en casos del Reino Unido y, más significativamente, en la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el derecho británico a través de la Ley de Derechos Humanos de 1998 , que entró en vigor en el Reino Unido en 2000. [17]
Si bien el derecho nacional británico había tenido un impacto previo en el desarrollo internacional de la independencia judicial, la Ley de Reforma Constitucional Británica de 2005 [18] marcó un cambio, ya que el derecho internacional ahora tiene un impacto en el derecho interno británico. La Ley de Reforma Constitucional reformó drásticamente el control gubernamental sobre la administración de justicia en Inglaterra y Gales; lo que es más importante, discontinuó el cargo de Lord Canciller , uno de los cargos constitucionales más antiguos del país, a quien se le confiaba una combinación de capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales. [19] El Lord Canciller se desempeñaba como presidente de la Cámara Alta del Parlamento, la Cámara de los Lores ; como miembro del poder ejecutivo y miembro del gabinete superior; y como jefe del poder judicial. Históricamente, la función de apelación tenía una conexión con el poder ejecutivo debido a los tipos de casos que normalmente se escuchaban: juicio político y la audiencia de cargos por delitos graves contra pares. [20] La Ley de Reforma Constitucional estableció nuevas líneas de demarcación entre el Lord Canciller y el poder judicial, transfiriendo todas las funciones judiciales al poder judicial y confiando al Lord Canciller solo lo que se consideran asuntos administrativos y ejecutivos. Además, la Ley de Reforma Constitucional reemplazó al Lord Canciller por el Lord Presidente del Tribunal Supremo como jefe del poder judicial, separó el Comité de Apelaciones judiciales de la Cámara de los Lores del parlamento legislativo, reformándolo como Tribunal Supremo , y creando una Comisión de Nombramientos Judiciales . [19] La creación del Tribunal Supremo fue importante, ya que finalmente separó el tribunal de apelación más alto de la Cámara de los Lores. [21]
Así, el Reino Unido, donde la independencia judicial comenzó hace más de trescientos años, ilustra la interacción a lo largo del tiempo del derecho y la jurisprudencia nacionales e internacionales en el área de la independencia judicial. En este proceso, los conceptos e ideas se han enriquecido a medida que se han implementado en sucesivos sistemas judiciales y políticos, a medida que cada sistema ha mejorado y profundizado los conceptos e ideas que actualizaba. Además del Reino Unido, se pueden ver desarrollos similares de fertilización cruzada conceptual a nivel internacional, por ejemplo, en el derecho de la Unión Europea [22] , en países de derecho civil como Austria y en otras jurisdicciones de derecho consuetudinario, incluido Canadá [23] .
La Asociación Internacional de Independencia Judicial y Paz Mundial elaboró las Normas Internacionales de Independencia Judicial de Mt. Scopus entre 2007 y 2012. Estas se basaron en las Normas Mínimas de Nueva Delhi sobre Independencia Judicial de la misma asociación adoptadas en 1982 y su Declaración Universal de Montreal sobre la Independencia de la Justicia en 1983. Otras influencias que citan para las normas incluyen los Principios Básicos de Independencia Judicial de las Naciones Unidas de 1985, los Principios de Independencia Judicial en Derecho Internacional de Burgh House (para el poder judicial internacional), los Principios de Derecho de Tokio para Asia, las Declaraciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial (en particular la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la independencia, eficiencia y papel de los jueces), los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial de 2002 y la revisión de la Asociación Americana de Abogados de sus normas éticas para jueces. [24]
En los últimos años, el principio de independencia judicial ha sido descrito como uno de los valores fundamentales del sistema de justicia. [25]
Las métricas de independencia judicial permiten un análisis cuantitativo de la independencia judicial para países individuales. Una métrica de independencia judicial es el índice de independencia de los tribunales superiores en el conjunto de datos V-Dem [26] , donde los valores más altos indican una mayor independencia, como se muestra a continuación para cada país.
Hubo una lucha para establecer la independencia judicial en la Australia colonial , [27] pero en 1901 estaba arraigada en la constitución australiana , incluida la separación del poder judicial , de modo que el Tribunal Superior de Australia sostuvo en 2004 que todos los tribunales capaces de ejercer el poder judicial federal deben ser, y parecer, independientes e imparciales. [28] En un escrito de 2007, el presidente del Tribunal Supremo de Australia, Murray Gleeson , afirmó que los australianos en gran medida daban por sentada la independencia judicial y que los detalles no eran asuntos de amplio interés. [29] Ningún juez federal y solo un juez de la Corte Suprema han sido destituidos por mala conducta desde 1901. [30] La inmunidad ante demandas por actos judiciales, la seguridad de la titularidad y la remuneración fija son partes establecidas de la independencia judicial en Australia. El nombramiento de jueces queda exclusivamente a discreción del ejecutivo, lo que da lugar a preocupaciones expresadas de que los nombramientos judiciales son políticos y se realizan con fines políticos. [31] Siguen surgiendo problemas en relación con el tratamiento de la mala conducta judicial que no justifica la destitución y la incapacidad de los jueces. En 2013, el Presidente de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Tom Bathurst, identificó la forma en que se medía el desempeño judicial y de los tribunales como uno de los riesgos más importantes para la separación de poderes en Australia. [32]
Canadá tiene un nivel de independencia judicial arraigado en su Constitución , que otorga a los jueces de los tribunales superiores varias garantías de independencia en virtud de las secciones 96 a 100 de la Ley constitucional de 1867. Estas incluyen derechos a la permanencia en el cargo (aunque la Constitución ha sido enmendada desde entonces para introducir la jubilación obligatoria a los 75 años) y el derecho a un salario determinado por el Parlamento de Canadá (en oposición al ejecutivo). En 1982, una medida de independencia judicial se extendió a los tribunales inferiores especializados en derecho penal (pero no en derecho civil ) por la sección 11 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , aunque en el caso Valente v. The Queen de 1986 se encontró que estos derechos son limitados. Sin embargo, implican la permanencia en el cargo, la seguridad financiera y cierto control administrativo.
El año 1997 fue testigo de un importante cambio hacia la independencia judicial, ya que la Corte Suprema de Canadá, en la Referencia de Jueces Provinciales, encontró una norma constitucional no escrita que garantizaba la independencia judicial de todos los jueces, incluidos los jueces de tribunales inferiores de derecho civil. Se dice que la norma no escrita está implícita en el preámbulo de la Ley Constitucional de 1867. En consecuencia, los comités de compensación judicial, como la Comisión de Compensación y Beneficios Judiciales, ahora recomiendan los salarios judiciales en Canadá. Hay dos tipos de independencia judicial: independencia institucional e independencia decisoria. La independencia institucional significa que el poder judicial es independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. La independencia decisoria es la idea de que los jueces deben poder decidir casos basándose únicamente en la ley y los hechos, sin dejar que los medios de comunicación, la política u otras preocupaciones influyan en sus decisiones y sin temer sanciones en sus carreras por sus decisiones.
En Hong Kong , la independencia del poder judicial ha sido una tradición desde que el territorio se convirtió en una colonia de la corona británica en 1842. Después de la transferencia de soberanía de Hong Kong a la República Popular China en 1997 de conformidad con la Declaración Conjunta Sino-Británica , un tratado internacional registrado en las Naciones Unidas , la independencia del poder judicial, junto con la continuación del derecho consuetudinario inglés , se ha consagrado en el documento constitucional del territorio, la Ley Básica . [33] [34]
La independencia judicial en Singapur está protegida por la Constitución de Singapur , estatutos como la Ley de Tribunales Estatales y la Ley de la Corte Suprema de Justicia, y el common law . Para salvaguardar la independencia judicial, la ley de Singapur establece procedimientos especiales que deben seguirse antes de que la conducta de los jueces de la Corte Suprema pueda ser discutida en el Parlamento y para su destitución del cargo por mala conducta, y dispone que su remuneración no puede reducirse durante su mandato. Por estatuto, los funcionarios judiciales de los Tribunales Estatales y el Registrador, el Registrador Adjunto y los registradores adjuntos de la Corte Suprema tienen inmunidad ante demandas civiles y se les prohíbe escuchar y decidir casos en los que estén personalmente interesados. El common law proporciona protecciones e inhabilidades similares para los jueces de la Corte Suprema.
The Chief Justice and other Supreme Court judges are appointed by the President of Singapore acting on the advice of the Cabinet of Singapore. The President must consult the Chief Justice when appointing other judges, and may exercise personal discretion to refuse to make an appointment if he does not concur with the Cabinet's advice. Supreme Court justices enjoy security of tenure up to the age of 65 years, after which they cease to hold office. However, the Constitution permits such judges to be re-appointed on a term basis.
During the Middle Ages, under the Norman monarchy of the Kingdom of England, the king and his Curia Regis held judicial power. Judicial independence began to emerge during the early modern period; more courts were created and a judicial profession grew. By the fifteenth century, the king's role in this feature of government became small.[35] Nevertheless, kings could still influence courts and dismiss judges. The Stuart dynasty used this power frequently in order to overpower the Parliament of England. After the Stuarts were removed in the Glorious Revolution of 1688, some advocated guarding against royal manipulation of the judiciary. King William III approved the Act of Settlement 1701, which established tenure for judges unless Parliament removed them.[36][37]
Under the uncodified British Constitution, there are two important conventions which help to preserve judicial independence. The first is that the Parliament of the United Kingdom does not comment on the cases which are before the court. The second is the principle of parliamentary privilege: that Members of Parliament are protected from prosecution in certain circumstances by the courts.[citation needed]
Furthermore, the independence of the judiciary is guaranteed by the Constitutional Reform Act 2005.[38] In order to try to promote the independence of the judiciary, the selection process is designed to minimize political interference. The process focuses on senior members of the judiciary rather than on politicians. Part 2 of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 aims to increase diversity among the judiciary.[citation needed]
The pay of judges is determined by an independent pay review body. It makes recommendations to the government after taking evidence from a variety of sources. The government accepts these recommendations and will traditionally implement them fully. As long as judges hold their positions in "good order", they remain in post until they wish to retire or until they reach the mandatory retirement age of 70.[citation needed]
Until 1 January 2010, the legal profession was self-regulating; with responsibility for implementing and enforcing its own professional standards and disciplining its own members. The bodies which performed this function were the Bar Council and the Law Society. However, this self-regulation came to an end when approved regulators came under the regulation of the Legal Services Board, composed of non-lawyers, following the passage of the Legal Services Act 2007. This saw the establishment of the Solicitors Regulation Authority to regulate solicitors and the Bar Standards Board to regulate barristers.[39]
Article III of the United States Constitution establishes the federal courts as part of the federal government.
The Constitution provides that federal judges, including judges of the Supreme Court of the United States, are appointed by the President "by and with the advice and consent of the Senate". Once appointed, federal judges:
...both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behavior, and shall, at stated Times, receive for their Services a Compensation which shall not be diminished during their Continuance in Office.
Federal judges vacate office only upon death, resignation, or impeachment and removal from office by Congress; only 13 federal judges have ever been impeached. The phrase "during good behavior" predates the Declaration of Independence. John Adams equated it with quamdiu se bene gesserint in a letter to the Boston Gazette published on 11 January 1773,[40] a phrase that first appeared in section 3 of the Act of Settlement 1701 in England.
The President is free to appoint any person to the federal bench, yet typically he consults with the American Bar Association, whose Standing Committee on the Federal Judiciary rates each nominee "Well Qualified", "Qualified" or "Not Qualified".
State courts deal with independence of the judiciary in many ways, and several forms of judicial selection are used for both trial courts and appellate courts (including state supreme courts), varying between states and sometimes within states. In some states, judges are elected (sometime on a partisan ballot, other times on a nonpartisan one), while in others they are appointed by the governor or state legislature.
The 2000 case of Bush v. Gore, in which a majority of the Supreme Court, including some appointees of President George H. W. Bush, overruled challenges to the election of George W. Bush then pending in the Florida Supreme Court, whose members had all been appointed by Democratic governors, is seen by many as reinforcing the need for judicial independence, both with regard to the Florida Supreme Court and the US Supreme Court. This case has increased focus and attention on judicial outcomes as opposed to the traditional focus on judicial qualifications.
The complete independence of the courts of justice is particularly essential in a limited constitution. By a limited constitution I understand one which contains certain specified exceptions to the legislative authority ... Limitations of this kind can be preserved in practice no other way than through the medium of courts of justice; whose duty it must be to declare all acts contrary to the manifest tenor of the constitution void. Without this, all the reservations of particular rights or privileges would amount to nothing..
As the partisan administration of law erodes rule of law, a central institutional requirement is an independent, accessible judiciary..