La política de armas en Estados Unidos se caracteriza por dos ideologías opuestas principales con respecto a la posesión privada de armas de fuego .
Los defensores del control de armas apoyan regulaciones cada vez más restrictivas sobre la posesión de armas, mientras que los defensores del derecho a poseer armas se oponen a tales restricciones y a menudo apoyan la liberalización de la posesión de armas. Estos grupos suelen diferir en sus interpretaciones de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos , así como en sus opiniones sobre el papel de las armas de fuego en la seguridad pública, su impacto en la salud pública y su relación con las tasas de delincuencia tanto a nivel nacional como estatal. [2] [3] [4] : 1–3 [5]
Desde principios del siglo XXI, la posesión privada de armas de fuego en los Estados Unidos ha aumentado de manera constante, con una notable aceleración durante y después de 2020. [6]
Según la Encuesta Nacional de Armas de Fuego de 2021, el estudio más grande y completo sobre la propiedad de armas de fuego en EE. UU., las armas de fuego de propiedad privada están involucradas en aproximadamente 1,7 millones de casos de uso defensivo al año. [7]
La encuesta también indica un aumento en la diversidad de propietarios de armas de fuego, con mayores tasas de propiedad entre mujeres y minorías étnicas en comparación con años anteriores. [8] [9]
La política de armas en Estados Unidos está cada vez más influenciada por factores demográficos y la afiliación a partidos políticos , con diferencias notables observadas en género, edad y niveles de ingresos según lo informado por las principales encuestas sociales. [10] [11]
Las armas de fuego en la vida estadounidense comienzan con los primeros intentos de establecerse y colonizar los Estados Unidos. Se fabricaban, importaban y suministraban armas de fuego para fines agrarios, de caza, de defensa y diplomáticos. Una conexión entre las habilidades de tiro y la supervivencia entre los hombres estadounidenses en las extensiones coloniales era a menudo una necesidad, y podía servir como un " rito de paso " para aquellos que entraban en la edad adulta. [11] : 9 Hoy en día, las figuras del colono, el cazador y el amante de la vida al aire libre sobreviven como centrales en la cultura de las armas estadounidense, independientemente de las tendencias modernas que se alejan de la caza y la vida rural. [5]
Antes de la Revolución estadounidense , no existía ni la capacidad ni el deseo político de mantener un ejército permanente en las colonias americanas. Desde al menos la época de la Revolución Gloriosa , la ideología política inglesa se oponía firmemente a la idea de un ejército permanente . Por lo tanto, el ciudadano-soldado armado tenía responsabilidad. El servicio en la milicia colonial, incluido el suministro de municiones y armas propias, era obligatorio para todos los hombres. Sin embargo, ya en la década de 1790, el deber obligatorio de milicia universal evolucionó gradualmente a unidades de milicia voluntarias y una dependencia de un ejército regular . A lo largo del siglo XIX, la institución de la milicia civil organizada declinó gradualmente. [11] : 10 La milicia civil no organizada bajo la ley estadounidense actual consiste en todos los varones sanos de al menos diecisiete años de edad y menores de 45 años, con algunas excepciones, que no sean miembros de la Guardia Nacional o la Milicia Naval, como se codifica en 10 USC § 246.
Estrechamente relacionada con la tradición de la milicia está la tradición fronteriza, con la necesidad de autoprotección de conformidad con la expansión hacia el oeste y la extensión de la frontera estadounidense . [11] : 10–11 Aunque no ha sido una parte necesaria de la supervivencia diaria durante más de un siglo, "generaciones de estadounidenses continuaron abrazándola y glorificándola como una herencia viviente, como un ingrediente permanente del estilo y la cultura de esta nación". [12] : 21 Desde la era fundadora de la política federalista estadounidense, los debates sobre la disponibilidad de armas de fuego y la violencia armada en los Estados Unidos se han caracterizado por preocupaciones sobre el derecho a portar armas , como se encuentra en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos , y la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos de atender las necesidades de sus ciudadanos y prevenir el crimen y las muertes . Los partidarios de la regulación de las armas de fuego dicen que los derechos de armas indiscriminados o sin restricciones inhiben al gobierno de cumplir con esa responsabilidad y causan un problema de seguridad. Los partidarios del derecho a poseer armas promueven las armas de fuego para la autodefensa , incluida la seguridad contra la tiranía, así como para la caza y las actividades deportivas . [13] : 96 [14] Los defensores del control de armas afirman que restringir y rastrear el acceso a las armas daría como resultado comunidades más seguras, mientras que los defensores del derecho a poseer armas de fuego afirman que una mayor posesión de armas de fuego por parte de ciudadanos respetuosos de la ley reduce el crimen y afirman que los delincuentes siempre han tenido fácil acceso a las armas de fuego. [15] [16] La legislación sobre armas en los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más sujeta a la interpretación judicial federal de la Constitución. La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice: "Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido". [17] En 1791, Estados Unidos adoptó la Segunda Enmienda y en 1868 adoptó la Decimocuarta Enmienda . La tradición histórica delimitada por estas dos enmiendas ha sido objeto de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso District of Columbia v. Heller (2008), donde la Corte afirmó por primera vez que la Segunda Enmienda garantiza el derecho individual a poseer armas de fuego para propósitos tradicionalmente lícitos (como la autodefensa dentro del hogar), independientemente del servicio en una milicia estatal, y en el caso McDonald v. City of Chicago (2010), donde la Corte dictaminó que las restricciones de la Segunda Enmienda están incorporadas por la Cláusula del Debido Proceso.de la Decimocuarta Enmienda y, por lo tanto, se aplican tanto a las leyes estatales como a las federales, y más recientemente en NYSRPA v. Bruen (2022). Como se enfatiza en Bruen , la Segunda Enmienda establece una "orden incondicional" de que el "derecho individual" de propiedad de armas de fuego, a diferencia de la teoría colectiva o basada en la milicia del derecho, está protegido de toda restricción a menos que una autoridad gubernamental pueda demostrar que su ley está de acuerdo con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de armas de fuego. [18]
En 2018 se estimó que los civiles estadounidenses poseen 393 millones de armas de fuego [ 19] y que entre el 40% y el 42% de los hogares del país tienen al menos un arma. Sin embargo, en los años siguientes se registraron ventas récord de armas [20] [21] [22] Estados Unidos tiene, con diferencia, la mayor cantidad estimada de armas per cápita del mundo, con 120,5 armas por cada 100 personas [23] .
En el verano de 1619 en Jamestown, Virginia , los líderes del asentamiento se unieron para aprobar la primera ley de armas: [24]
Que ningún hombre venda ni dé a ningún indio ninguna pieza, perdigones, pólvora ni ninguna otra arma ofensiva o defensiva, bajo pena de ser considerado traidor a la colonia y de ser ahorcado tan pronto como se pruebe el hecho, sin ninguna posibilidad de redención.
En los años previos a la Revolución estadounidense , los británicos, en respuesta al descontento de los colonos por el control y los impuestos cada vez más directos de las colonias, impusieron un embargo de pólvora a las colonias en un intento de reducir la capacidad de los colonos para resistir las invasiones británicas en lo que las colonias consideraban asuntos locales. Dos intentos directos de desarmar a las milicias coloniales avivaron el resentimiento latente por la interferencia británica en las llamas de la guerra. [25]
Estos dos incidentes fueron el intento de confiscar los cañones de las milicias de Concord y Lexington, que condujo a las Batallas de Lexington y Concord del 19 de abril de 1775, y el intento, el 20 de abril, de confiscar los depósitos de pólvora de la milicia en la armería de Williamsburg, Virginia, que condujo al Incidente de la Pólvora y a un enfrentamiento entre Patrick Henry y cientos de miembros de la milicia por un lado y el Gobernador Real de Virginia, Lord Dunmore, y marineros británicos por el otro. El Incidente de la Pólvora finalmente se resolvió pagando a los colonos por la pólvora. [25]
Según el historiador Saul Cornell , los estados aprobaron algunas de las primeras leyes de control de armas, comenzando con la ley de Kentucky para "frenar la práctica de portar armas ocultas en 1813". Hubo oposición y, como resultado, la interpretación del derecho individual de la Segunda Enmienda comenzó y creció en respuesta directa a estas primeras leyes de control de armas, en consonancia con este nuevo "espíritu generalizado de individualismo". Como señaló Cornell, "Irónicamente, el primer movimiento de control de armas ayudó a dar origen a la primera ideología consciente de los derechos de armas construida en torno a un derecho constitucional de autodefensa individual". [26] : 140–141
La interpretación del derecho individual de la Segunda Enmienda surgió por primera vez en Bliss v. Commonwealth (1822), [27] que evaluó el derecho a portar armas en defensa propia y del estado de conformidad con la Sección 28 de la Segunda Constitución de Kentucky (1799). El derecho a portar armas en defensa propia y del estado se interpretó como un derecho individual, en el caso de un bastón-espada oculto. Este caso se ha descrito como "un estatuto que prohíbe el porte de armas ocultas [que] violaba la Segunda Enmienda". [28]
La primera decisión de un tribunal estatal relacionada con la cuestión del "derecho a portar armas" fue Bliss v. Commonwealth . El tribunal de Kentucky sostuvo que "el derecho de los ciudadanos a portar armas para defenderse a sí mismos y al Estado debe preservarse en su totalidad..." [29] : 161 [30]
También durante la era jacksoniana surgió la primera interpretación de la Segunda Enmienda como derecho colectivo (o derecho de grupo). En el caso State v. Buzzard (1842), el Tribunal Supremo de Arkansas adoptó una interpretación basada en el derecho político de las milicias sobre el derecho a portar armas en virtud de la ley estatal y confirmó la sección 21 del segundo artículo de la Constitución de Arkansas que declaraba que "los hombres blancos libres de este Estado tendrán derecho a poseer y portar armas para su defensa común", [31] al tiempo que rechazaba una impugnación a una ley que prohibía el porte de armas ocultas.
El Tribunal Supremo de Arkansas declaró que "las palabras 'una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre' y las palabras 'defensa común' muestran claramente la verdadera intención y significado de estas Constituciones [es decir, Arkansas y los EE. UU.] y prueban que es un derecho político y no individual, y, por supuesto, que el Estado, en su capacidad legislativa, tiene el derecho de regularlo y controlarlo: siendo este el caso, entonces el pueblo, ni individual ni colectivamente, tiene derecho a poseer y portar armas". Los influyentes Comentarios sobre la ley de delitos estatutarios (1873) de Joel Prentiss Bishop tomaron la interpretación basada en la milicia de Buzzard, una visión que Bishop caracterizó como la "doctrina de Arkansas", como la visión ortodoxa del derecho a portar armas en la ley estadounidense. [31] [32]
Los dos primeros casos judiciales estatales, Bliss y Buzzard , establecieron la dicotomía fundamental en la interpretación de la Segunda Enmienda, es decir, si garantizaba un derecho individual frente a un derecho colectivo. [ cita requerida ]
En los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil , la cuestión de los derechos de los esclavos liberados a portar armas y a pertenecer a la milicia llegó a la atención de los tribunales federales. En respuesta a los problemas que enfrentaban los esclavos liberados en los estados del Sur, se redactó la Decimocuarta Enmienda.
Cuando se redactó la Decimocuarta Enmienda , el representante John A. Bingham de Ohio utilizó la propia frase de la Corte "privilegios e inmunidades de los ciudadanos" para incluir las primeras ocho enmiendas de la Declaración de Derechos bajo su protección y proteger estos derechos contra la legislación estatal. [33]
El debate en el Congreso sobre la Decimocuarta Enmienda después de la Guerra Civil también se centró en lo que los estados del Sur estaban haciendo para perjudicar a los esclavos recién liberados. Una preocupación particular era el desarme de los antiguos esclavos.
La Segunda Enmienda atrajo seria atención judicial con el caso de la era de la Reconstrucción de Estados Unidos v. Cruikshank , que dictaminó que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades de la Decimocuarta Enmienda no causaba que la Declaración de Derechos, incluida la Segunda Enmienda, limitara los poderes de los gobiernos estatales, afirmando que la Segunda Enmienda "no tiene otro efecto que restringir los poderes del gobierno nacional".
Akhil Reed Amar señala en The Yale Law Journal la base del derecho consuetudinario para las primeras diez enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que incluirían la Segunda Enmienda, "después del famoso argumento oral de John Randolph Tucker en el caso del asunto anarquista Haymarket de Chicago de 1887 , Spies v. Illinois ":
Aunque originalmente las primeras diez enmiendas fueron adoptadas como limitaciones al poder federal, en la medida en que garantizan y reconocen los derechos fundamentales –derechos de derecho consuetudinario– del hombre, los convierten en privilegios e inmunidades del hombre como ciudadano de los Estados Unidos... [34] : 1270
Desde finales del siglo XIX, con tres casos clave de la era anterior a la incorporación , la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó consistentemente que la Segunda Enmienda (y la Declaración de Derechos) restringían solo al Congreso, y no a los estados, en la regulación de las armas. [35] Los académicos predijeron que la incorporación de otros derechos por parte de la Corte sugería que podrían incorporar la Segunda, si se les presentaba un caso adecuado. [36]
La primera ley federal importante sobre armas de fuego aprobada en el siglo XX fue la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA, por sus siglas en inglés) de 1934. Se aprobó después de que el gangsterismo de la era de la Prohibición alcanzara su punto máximo con la masacre del Día de San Valentín de 1929. La era fue famosa por el uso criminal de armas de fuego como la metralleta Thompson (Tommy gun) y la escopeta recortada . Bajo la NFA, las ametralladoras, los rifles de cañón corto y las escopetas, y otras armas, quedan bajo la regulación y jurisdicción de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), como se describe en el Título II . [37]
En el caso Estados Unidos contra Miller [38] (1939), el Tribunal no se refirió a la incorporación, sino a si una escopeta recortada "tiene alguna relación razonable con la preservación o eficiencia de una milicia bien regulada". [36] Al revocar la acusación contra Miller, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Arkansas declaró que la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 "ofendía la inhibición de la Segunda Enmienda de la Constitución". El gobierno federal apeló entonces directamente ante el Tribunal Supremo. En la apelación, el gobierno federal no objetó la liberación de Miller, ya que para entonces ya había fallecido, y sólo solicitó que se revocara el fallo del juez de primera instancia sobre la inconstitucionalidad de la ley federal. En estas circunstancias, ni Miller ni su abogado comparecieron ante el Tribunal para defender el caso. El Tribunal sólo escuchó los argumentos del fiscal federal. En su fallo, el Tribunal revocó el fallo del tribunal de primera instancia y confirmó la NFA. [39]
La Ley de Control de Armas de 1968 (GCA, por sus siglas en inglés) se aprobó después de los asesinatos del presidente John F. Kennedy , el senador Robert Kennedy y los activistas afroamericanos Malcolm X y Martin Luther King Jr. en la década de 1960. [11] La GCA se centra en regular el comercio interestatal de armas de fuego al prohibir en general las transferencias interestatales de armas de fuego, excepto entre fabricantes, distribuidores e importadores autorizados. También prohíbe la venta de armas de fuego a ciertas categorías de personas definidas como "personas prohibidas".
En 1986, el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Propietarios de Armas de Fuego . [40] La Asociación Nacional del Rifle la apoyó porque revocó muchas de las disposiciones de la Ley de Protección de los Propietarios de Armas de Fuego. También prohibió la posesión de rifles completamente automáticos no registrados y la compra o venta por parte de civiles de cualquier arma de fuego de ese tipo fabricada a partir de esa fecha. [41] [42]
El intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981 condujo a la promulgación de la Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (Ley Brady) en 1993, que estableció el sistema nacional de verificación de antecedentes para impedir que ciertas personas con restricciones poseyeran, compraran o transportaran armas de fuego. [43] En un artículo en apoyo de la aprobación de dicha ley, el presidente retirado de la Corte Suprema Warren E. Burger escribió:
Los estadounidenses también tienen derecho a defender sus hogares, y no tenemos por qué cuestionarlo. Nadie cuestiona seriamente que la Constitución proteja el derecho de los cazadores a poseer y mantener armas deportivas para cazar animales, como tampoco nadie cuestionaría el derecho a poseer y mantener cañas de pescar y otros equipos para pescar, o a poseer automóviles. Hoy en día, “tener y portar armas” para cazar es esencialmente una actividad recreativa y no un imperativo de supervivencia, como lo era hace 200 años. Los “ especiales del sábado por la noche ” y las ametralladoras no son armas recreativas y seguramente necesitan una regulación igual que los vehículos de motor. [44]
Un tiroteo en el patio de una escuela de Stockton, California, en 1989 condujo a la aprobación de la Prohibición Federal de Armas de Asalto de 1994 (AWB o AWB 1994), que definió y prohibió la fabricación y transferencia de "armas de asalto semiautomáticas " y "dispositivos de alimentación de munición de gran capacidad " . [45]
Según el periodista Chip Berlet , las preocupaciones sobre las leyes de control de armas junto con la indignación por dos incidentes de alto perfil que involucraron a la ATF ( Ruby Ridge en 1992 y el asedio de Waco en 1993) movilizaron el movimiento de milicias de ciudadanos que temían que el gobierno federal comenzara a confiscar armas de fuego. [46] [47]
Aunque el control de armas no es estrictamente una cuestión partidista, en general hay más apoyo a la legislación de control de armas en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano . [48] El Partido Libertario , cuyas plataformas de campaña favorecen una regulación gubernamental limitada, está abiertamente en contra del control de armas. [49]
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) se fundó para promover la competencia en armas de fuego y la conservación natural en 1871. La NRA apoyó a la NFA y, en última instancia, a la GCA. [50] Después de la GCA, grupos más estridentes, como los Propietarios de Armas de Estados Unidos (GOA), comenzaron a defender los derechos de armas. [51] Según la GOA, se fundó en 1975 cuando "la izquierda radical presentó una legislación para prohibir todas las armas de mano en California". [52] La GOA y otros grupos nacionales como la Fundación de la Segunda Enmienda (SAF) y su rama, la Coalición de Política de Armas de Fuego (FPC), los Judíos por la Preservación de la Propiedad de Armas de Fuego (JPFO) y las Hermanas de la Segunda Enmienda (SAS), a menudo adoptan posiciones más firmes que la NRA y critican su historial de apoyo a algunas leyes de armas de fuego, como la GCA. La Asociación Nacional por los Derechos de Armas (NAGR) ha sido un crítico abierto de la NRA durante varios años. Según el Huffington Post, "la NAGR es una versión mucho más austera y combativa de la NRA. Mientras que la NRA ha buscado encontrar puntos en común con los defensores de la reforma de las armas y al menos parecer razonable, la NAGR ha sido la defensora sin complejos de la apertura aún más de las leyes de armas". [53] Estos grupos creen que cualquier compromiso conduce a mayores restricciones. [54] : 368 [55] : 172
Según los autores de The Changing Politics of Gun Control (1998), a finales de los años 1970, la NRA cambió sus actividades para incorporar la defensa política. [56] A pesar del impacto en la volatilidad de la membresía, la politización de la NRA ha sido constante y el Fondo de Victoria Política de la NRA se clasificó como "uno de los mayores gastadores en las elecciones al Congreso" en 1998. [56] Según los autores de The Gun Debate (2014), el hecho de que la NRA tome la iniciativa en la política favorece la rentabilidad de la industria de las armas, en particular cuando los propietarios de armas responden a los temores de la confiscación de armas con un aumento de las compras y ayudando a aislar a la industria del mal uso de sus productos utilizados en incidentes con disparos. [57]
La Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas comenzó en 1974 como Handgun Control Inc. (HCI). Poco después, formó una asociación con otro grupo incipiente llamado National Coalition to Ban Handguns (NCBH), más tarde conocida como Coalition to Stop Gun Violence (CSGV). La asociación no duró, ya que NCBH generalmente adoptó una postura más dura sobre la regulación de armas que HCI. [58] : 186 A raíz del asesinato de John Lennon en 1980 , HCI vio un aumento en el interés y la recaudación de fondos y contribuyó con $ 75,000 a las campañas del Congreso. Después del intento de asesinato de Reagan y la lesión resultante de James Brady , Sarah Brady se unió a la junta directiva de HCI en 1985. HCI pasó a llamarse en 2001 Brady Campaign to Prevent Gun Violence. [59]
En 1996, el Congreso añadió un texto al proyecto de ley de asignaciones pertinentes que exigía que "ninguno de los fondos puestos a disposición para la prevención y el control de lesiones en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se pueda utilizar para defender o promover el control de armas". [60] Este texto se añadió para evitar la financiación de investigaciones por parte de los CDC que los partidarios del derecho a poseer armas consideraban políticamente motivadas y destinadas a generar más legislación sobre el control de armas. En particular, la NRA y otros defensores del derecho a poseer armas se opusieron al trabajo apoyado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones , entonces dirigido por Mark L. Rosenberg , incluida la investigación escrita por Arthur Kellermann . [61] [62] [63]
En octubre de 2003, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron un informe sobre la eficacia de las estrategias de prevención de la violencia con armas de fuego que concluyó que "la evidencia era insuficiente para determinar la eficacia de cualquiera de estas leyes". [65] : 14 Una encuesta similar de investigación sobre armas de fuego realizada por la Academia Nacional de Ciencias llegó a conclusiones casi idénticas en 2004. [66] En septiembre de ese año, la Prohibición de Armas de Asalto expiró debido a una disposición de caducidad . Los esfuerzos de los defensores del control de armas para renovar la prohibición fracasaron, al igual que los intentos de reemplazarla después de que quedó obsoleta.
La NRA se opuso a la prohibición de las armas de fuego en Chicago, Washington DC y San Francisco, mientras que apoyó la Ley de Enmiendas para la Mejora del NICS de 2007 (también conocida como la Ley de Mejora de la Seguridad Escolar y la Aplicación de la Ley), que reforzó los requisitos de verificación de antecedentes para la compra de armas de fuego. [67] El GOA se opuso a una parte del proyecto de ley, al que denominó "Ley de Desarme de Veteranos". [68]
Además de la GOA, otros grupos nacionales en defensa de los derechos de armas siguen adoptando una postura más firme que la NRA. Entre estos grupos se encuentran las Second Amendment Sisters, la Second Amendment Foundation, Jews for the Preservation of Firearms Ownership y las Pink Pistols . También han surgido nuevos grupos, como los Students for Concealed Carry , que surgió en gran medida de cuestiones de seguridad derivadas de la creación de zonas libres de armas que se ordenaron por ley en respuesta a los tiroteos en las escuelas que recibieron amplia publicidad .
En 2001, en el caso Estados Unidos contra Emerson , el Quinto Circuito se convirtió en el primer tribunal federal de apelaciones en reconocer el derecho de una persona a poseer armas. En 2007, en el caso Parker contra el Distrito de Columbia , el Circuito de DC se convirtió en el primer tribunal federal de apelaciones en anular una ley de control de armas basándose en la Segunda Enmienda. [69]
Las armas inteligentes solo se disparan cuando están en manos del propietario, una característica que, según los defensores del control de armas, elimina los disparos accidentales por parte de los niños y el riesgo de que personas hostiles (como prisioneros, sospechosos de delitos, un oponente en una pelea o un soldado enemigo) tomen el arma y la utilicen contra el propietario. Los defensores del derecho a poseer armas temen que la tecnología de armas inteligentes obligatoria dificulte el disparo de un arma cuando sea necesario.
En 2000, Smith & Wesson llegó a un acuerdo con la administración del presidente Bill Clinton, que incluía una cláusula para que la empresa desarrollara un arma inteligente. Un boicot de consumidores organizado por la NRA y la NSSF casi llevó a la empresa a la quiebra y la obligó a abandonar sus planes de fabricar armas inteligentes. [70] [71]
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La Ley de Pistolas a Prueba de Niños de Nueva Jersey de 2002 exige que 30 meses después de que "las pistolas personalizadas estén disponibles" en cualquier lugar de los Estados Unidos, solo se puedan vender pistolas inteligentes en el estado. [72]
Algunos defensores de la seguridad de las armas temen que, al aumentar los riesgos de introducir la tecnología, esta ley contribuya a la oposición que ha impedido que se vendan armas inteligentes en cualquier lugar de los Estados Unidos a pesar de su disponibilidad en otros países.
En 2014, un comerciante de armas de Maryland abandonó sus planes de vender la primera pistola inteligente en Estados Unidos después de recibir quejas. [73]
En junio de 2008, en el caso District of Columbia v. Heller , la Corte Suprema confirmó por 5 votos a 4 la decisión Parker que anulaba la ley de armas de DC. Heller dictaminó que los estadounidenses tienen el derecho individual de poseer armas de fuego, independientemente de su afiliación a una milicia, "para fines tradicionalmente lícitos, como la autodefensa en el hogar". [74] Sin embargo, al emitir la opinión mayoritaria, el juez Antonin Scalia argumentó que la cláusula operativa de la enmienda, "el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido", codifica un derecho individual derivado del derecho consuetudinario inglés y codificado en la Carta de Derechos Inglesa (1689). La mayoría sostuvo que el preámbulo de la Segunda Enmienda, "Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre", es coherente con esta interpretación cuando se entiende a la luz de la creencia de los redactores de que la forma más eficaz de destruir una milicia ciudadana era desarmar a los ciudadanos. La mayoría también consideró que Estados Unidos v. Miller apoyaba una visión de derecho individual en lugar de derecho colectivo, contrariamente a la interpretación dominante de esa decisión en el siglo XX. (En Miller, la Corte Suprema sostuvo por unanimidad que una ley federal que exigía el registro de escopetas recortadas no violaba la Segunda Enmienda porque esas armas no tenían una "relación razonable con la preservación o eficiencia de una milicia bien regulada"). Finalmente, el tribunal sostuvo que, dado que los redactores entendían que el derecho a la legítima defensa era "el componente central" del derecho a poseer y portar armas, la Segunda Enmienda protege implícitamente el derecho "a usar armas en defensa del hogar". [75] [76]
Los cuatro jueces disidentes dijeron que la mayoría había roto el precedente establecido sobre la Segunda Enmienda, [77] y tomaron la posición de que la Enmienda se refiere a un derecho individual, pero en el contexto del servicio militar. [78] [79] [80] [81]
En junio de 2010, una ley de Chicago que prohibía las armas de fuego fue derogada. El fallo, por 5 votos a 4, incorporó la Segunda Enmienda y declaró que "la Decimocuarta Enmienda hace que el derecho de la Segunda Enmienda a poseer y portar armas sea plenamente aplicable a los Estados". La opinión pluralista del juez Samuel Alito atribuyó la incorporación a la cláusula de debido proceso de la Enmienda .
En junio de 2022, la Corte Suprema anuló el requisito de la Ley Sullivan de que los residentes de Nueva York demuestren una causa adecuada para obtener una licencia para portar pistolas ocultas. La opinión mayoritaria de 6 a 3 de la Corte Suprema , redactada por el juez Clarence Thomas, rechazó una prueba de dos partes utilizada anteriormente por los tribunales federales para revisar las impugnaciones a las medidas de control de armas. Encontró que llevar una pistola en público para defensa propia está protegido por la Segunda Enmienda, al tiempo que permite restricciones al porte de pistolas en ciertos "lugares sensibles". Sin embargo, la opinión solo permite restricciones de "lugares sensibles" donde puedan existir análogos históricos (como escuelas, juzgados y lugares de votación), utilizando la isla de Manhattan como ejemplo de uno de esos lugares sensibles que se consideraría inconstitucional. [82]
Una forma en que los grupos de defensa influyen en la política es a través del "gasto externo", utilizando comités de acción política (PAC) y organizaciones 501(c)(4) . [83] Los PAC y las 501(c)(4) recaudan y gastan dinero para afectar las elecciones. [84] [85] Los PAC reúnen las contribuciones de campaña de los miembros y donan esos fondos a los candidatos a un cargo político. [86] Los Super PAC , creados en 2010, tienen prohibido hacer contribuciones directas a candidatos o partidos, pero influyen en las carreras publicando anuncios a favor o en contra de candidatos específicos. [87] Tanto los defensores del control de armas como los del derecho a poseer armas utilizan este tipo de organizaciones.
El super PAC Political Victory Fund de la NRA gastó 11,2 millones de dólares en el ciclo electoral de 2012, [88] y hasta abril de 2014, había recaudado 13,7 millones de dólares para las elecciones de 2014. [89] El super PAC de control de armas de Michael Bloomberg , Independence USA, gastó 8,3 millones de dólares en 2012 [90] [91] y 6,3 millones de dólares en 2013. [92] Americans for Responsible Solutions , otro super PAC de control de armas iniciado por la congresista jubilada Gabby Giffords , recaudó 12 millones de dólares en 2013, [93] y planeaba recaudar entre 16 y 20 millones de dólares para las elecciones de 2014. [94] El tesorero del grupo dijo que los fondos serían suficientes para competir con la NRA "en igualdad de condiciones". [94]
Otra forma en que los grupos de defensa influyen en la política es a través del cabildeo ; algunos grupos utilizan empresas de cabildeo, mientras que otros emplean cabilderos internos. Según OpenSecrets , los grupos de política de armas con más cabilderos en 2013 fueron: el Instituto de Acción Legislativa ( NRA-ILA ) de la NRA; Alcaldes Contra las Armas Ilegales (MAIG); la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF); y la Campaña Brady. [95] Los grupos de derechos de armas gastaron más de $15,1 millones en cabildeo en Washington DC en 2013, con la Asociación Nacional por los Derechos de Armas (NAGR) gastando $6,7 millones y la NRA gastando $3,4 millones. [96] Los grupos de control de armas gastaron $2,2 millones, con MAIG gastando $1,7 millones y la Campaña Brady gastando $250.000 en el mismo período. [97]
En agosto de 2012, un grupo de código abierto llamado Defense Distributed lanzó un proyecto para diseñar y publicar un plano para una pistola que pudiera descargarse de Internet y fabricarse utilizando una impresora 3D . [98] [99] En mayo de 2013, el grupo hizo públicos los archivos STL de la primera pistola totalmente imprimible en 3D del mundo, la pistola de un solo disparo Liberator .380 . [100] [101] [102] Desde 2018, los archivos de armas impresas en 3D se han multiplicado exponencialmente y se han publicado libremente en Internet para que cualquier persona en el mundo pueda acceder a ellos, en sitios web como DEFCAD y Odysee . [103]
El 16 de enero de 2013, en respuesta al tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook y otros tiroteos masivos, el presidente Barack Obama anunció un plan para reducir la violencia armada en cuatro partes: cerrar las lagunas legales en la verificación de antecedentes; prohibir las llamadas "armas de asalto" y "cargadores de gran capacidad"; hacer que las escuelas sean más seguras; y aumentar el acceso a los servicios de salud mental. [104] [105] : 2 El plan incluía propuestas para que el Congreso aprobara nuevas leyes y una serie de acciones ejecutivas que no requerían la aprobación del Congreso. [104] [106] [107] No se aprobó ninguna nueva legislación federal sobre control de armas como resultado de estas propuestas. [108] El presidente Obama declaró más tarde en una entrevista de 2015 con la BBC que el control de armas :
El único aspecto en el que me he sentido más frustrado y más bloqueado es el hecho de que Estados Unidos de América es la única nación avanzada del planeta en la que no tenemos suficientes leyes de sentido común y de seguridad en materia de armas, incluso ante los repetidos asesinatos en masa. Y, como saben, si se observa el número de estadounidenses muertos desde el 11 de septiembre a causa del terrorismo, son menos de 100. Si se observa el número de personas que han muerto a causa de la violencia con armas de fuego, se trata de decenas de miles. Y el hecho de que no hayamos podido resolver ese problema ha sido algo angustiante, pero no es algo en lo que tenga intención de dejar de trabajar en los 18 meses que quedan. [109]
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es un tratado multilateral que regula el comercio internacional de armas convencionales , que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. [110] El trabajo sobre el tratado comenzó en 2006 con negociaciones para su contenido llevadas a cabo en una conferencia mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas del 2 al 27 de julio de 2012, en Nueva York. [111] Como no fue posible llegar a un acuerdo sobre un texto final en ese momento, se programó una nueva reunión para la conferencia del 18 al 28 de marzo de 2013. [112] El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó el TCA. [113] [114] El tratado se abrió a la firma el 3 de junio de 2013 y, hasta el 15 de agosto de 2015, había sido firmado por 130 Estados y ratificado o se había adherido a él 72. Entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, después de que 50 Estados lo ratificaran y se adhirieran a él. [115]
El 25 de septiembre de 2013, el Secretario de Estado John Kerry firmó el TCA en nombre de la administración Obama . Esto supuso un cambio de postura con respecto a la administración Bush , que había optado por no participar en las negociaciones del tratado. En octubre, un grupo bipartidista de 50 senadores y 181 representantes envió cartas simultáneas al presidente Barack Obama en las que manifestaban su oposición a la ratificación del TCA. El grupo estaba encabezado por el senador Jerry Moran ( republicano de Kansas ) y los representantes Mike Kelly (republicano de Pensilvania ) y Collin Peterson ( demócrata de Minnesota ). Después de estas dos cartas, cuatro senadores demócratas enviaron una carta separada al presidente en la que afirmaban que "debido a las preocupaciones no abordadas de que las obligaciones de este Tratado podrían socavar la soberanía de nuestra nación y los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley, [ellos] se opondrían al Tratado si fuera presentado ante el Senado de Estados Unidos". Los cuatro senadores son Jon Tester (demócrata de Montana ), Max Baucus (demócrata de Montana), Heidi Heitkamp (demócrata de Dakota del Norte) y Joe Donnelly (demócrata de Indiana). [116] [117]
Los partidarios del tratado sostienen que éste es necesario para ayudar a proteger a millones de personas en todo el mundo que corren el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. Frank Jannuzi , de Amnistía Internacional de Estados Unidos , afirma: "Este tratado dice que los países no deben exportar armas y municiones cuando exista un 'riesgo primordial' de que se utilicen para cometer graves violaciones de los derechos humanos. Ayudará a mantener las armas fuera de las manos de las personas equivocadas: los responsables de más de 1.500 muertes en todo el mundo cada día". [118] Se cita al secretario Kerry diciendo que su firma "ayudaría a disuadir la transferencia de armas convencionales utilizadas para llevar a cabo los peores crímenes del mundo". [119] A fecha de diciembre de 2013, Estados Unidos no ha ratificado ni se ha adherido al tratado.
Tras el tiroteo de Las Vegas en octubre de 2017 y el tiroteo de la escuela secundaria Stoneman Douglas en febrero de 2018, el presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia (DOJ) buscaron formas de prohibir los bump stocks , dispositivos que se pueden usar para hacer que las armas semiautomáticas disparen como armas completamente automáticas como las utilizadas en ambos tiroteos. Inicialmente, el DOJ creyó que tenía que esperar a que el Congreso aprobara la legislación adecuada para prohibir la venta y posesión de bump stocks. [120] Sin embargo, en marzo de 2018, el DOJ presentó una propuesta de regulaciones revisadas sobre el control de armas que incorporaban los bump stocks bajo la definición de ametralladoras, lo que los convertiría en dispositivos prohibidos, ya que el Congreso aún no había tomado ninguna medida. [121] Después de un período de revisión pública, el DOJ implementó la prohibición propuesta a partir del 18 de diciembre de 2018, dando a los propietarios de bump stocks la opción de destruirlos o entregarlos a las autoridades dentro de los 90 días, después de lo cual la prohibición entraría en pleno efecto (el 26 de marzo de 2019). [122] Los grupos a favor de las armas inmediatamente intentaron impugnar la orden, pero no pudieron lograr que la Corte Suprema suspendiera la prohibición mientras el litigio estuviera en curso. [123] En la semana siguiente, la Corte Suprema se negó a eximir a los litigantes en la impugnación legal de la orden del Departamento de Justicia después de que esto se planteara como una impugnación separada. [124]
Desde su elección, el presidente Joe Biden instó al Congreso a aprobar una prohibición de los rifles de asalto y otras medidas.
En abril de 2022, el presidente anunció planes para acabar con las armas de fuego de fabricación privada , diciendo que se han convertido en "armas preferidas por muchos delincuentes". [125] De 2016 a 2021, el número de armas de fuego sospechosas de fabricación privada recuperadas en investigaciones criminales se multiplicó por diez, y en 2021 se notificaron a la ATF unas 20.000 armas de fuego sospechosas de fabricación privada. [126] La decisión de 2022 del Departamento de Justicia restringió la venta de kits de piezas de armas (determinando que los kits, que se pueden ensamblar en armas de fuego en apenas 20 minutos, califican como "armas de fuego" dentro de la definición de la Ley de Control de Armas federal , requiriendo así números de serie y licencias de fabricantes y vendedores comerciales). [126] El juez de distrito estadounidense en Texas, Reed O'Connor , bloqueó la norma, al considerar que excedía la autoridad del departamento y emitir una orden judicial a nivel nacional . [126] Estados Unidos ha apelado ante el Quinto Circuito. [126]
El 25 de junio de 2022, el presidente Biden firmó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras , que incluía verificaciones de antecedentes ampliadas para compradores de armas de fuego menores de 21 años, $15 mil millones en fondos para programas de salud mental y mejoras de seguridad escolar, fondos federales para alentar a los estados a implementar leyes de bandera roja y prohibiciones de posesión de armas para personas condenadas por cargos de abuso doméstico. [127] [128]
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El Huffington Post informó en septiembre de 2013 que el 48% de los estadounidenses dijo que las leyes de armas deberían ser más estrictas, mientras que el 16% dijo que deberían ser menos estrictas y el 29% dijo que no debería haber cambios. [129] De manera similar, una encuesta de Gallup encontró que el apoyo a leyes de armas más estrictas ha caído del 58% después del tiroteo de Newtown , al 49% en septiembre de 2013. [129] Tanto la encuesta del Huffington Post como la de Gallup se realizaron después del tiroteo de Washington Navy Yard . [129] Mientras tanto, la encuesta del Huffington Post encontró que el 40% de los estadounidenses cree que leyes de armas más estrictas evitarían futuros tiroteos masivos, mientras que el 52% dijo que cambiar las cosas no haría una diferencia. [129] La misma encuesta también encontró que el 57% de los estadounidenses piensa que una mejor atención de la salud mental tiene más probabilidades de prevenir futuros tiroteos masivos que leyes de armas más estrictas, mientras que el 29% dijo lo contrario. [129] El 74% de los que creían incorrectamente que en Estados Unidos hay controles de antecedentes universales apoyaban leyes de armas más estrictas, pero el 89% de los que pensaban que esos controles no eran universalmente necesarios apoyaban leyes más estrictas. [130]
En un estudio de 2015 realizado por el Centro Legal para la Prevención de la Violencia con Armas , se examinaron las leyes estatales sobre armas en función de varios enfoques de políticas y se calificaron en escalas basadas en calificaciones y clasificaciones. [131] Los estados fueron calificados positivamente por haber aprobado medidas más estrictas y leyes de armas más fuertes. También se dieron puntos positivos a los estados que exigieron verificaciones de antecedentes en todas las ventas de armas de fuego y que limitaron las compras de armas de fuego a granel, y que prohibieron las ventas de armas de asalto y cargadores de gran capacidad, y que llevaron a cabo evaluaciones más estrictas de las solicitudes de licencias de porte oculto de armas de fuego, especialmente en el contexto de delincuentes de violencia doméstica prohibidos. Mientras tanto, se dedujeron puntos de los estados con leyes que ampliaron el acceso a las armas, o que permitieron el porte oculto en áreas públicas (particularmente escuelas y bares) sin un permiso, o que aprobaron "leyes de defensa propia", que eliminan el deber de retirarse y, en su lugar, permiten a las personas disparar a los posibles agresores. Finalmente, los estados fueron calificados indicando las fortalezas o debilidades generales de sus leyes de armas. Los diez estados con las leyes de armas más estrictas se clasificaron de la siguiente manera: California, luego Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Hawái, Nueva York, Maryland, Illinois, Rhode Island y, por último, Michigan. Los estados con leyes de armas más débiles se clasificaron de la siguiente manera: Dakota del Sur, Arizona, Misisipi, Vermont, Luisiana, Montana, Wyoming, Kentucky, Kansas y Oklahoma. También se realizó un estudio comparable de las leyes estatales en 2016. [132] Con base en estos hallazgos, The Law Center concluyó que las leyes de armas integrales reducen las muertes por violencia con armas, mientras que las leyes de armas más débiles aumentan las muertes relacionadas con armas. Además, entre los diferentes tipos de legislación, las verificaciones de antecedentes universales fueron las más efectivas para reducir las muertes relacionadas con armas. [133]
La organización Gallup realiza encuestas periódicas a los estadounidenses sobre sus opiniones sobre las armas. El 22 de diciembre de 2012: [134]
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El 25 de abril de 2013: [136]
El 6 de octubre de 2013: [137]
En enero de 2014: [138]
El 19 de octubre de 2015: [139]
El 16 de octubre de 2017: [140]
Según una encuesta de Fox News de 2023 , los votantes registrados apoyaron abrumadoramente una amplia variedad de restricciones de armas:
Una encuesta realizada a miembros de la NRA entre el 13 y el 14 de enero de 2013 encontró: [144]
Lugar de residencia de los encuestados:
Pausa regional:
En un estudio realizado por Berryessa et al. en 2020 con 3410 encuestados que cumplían los requisitos, se investigó cómo las características de las víctimas y los tipos de incidentes descritos en un informe de los medios de comunicación afectarían el apoyo de los encuestados a las regulaciones de armas de fuego. Se descubrió que las menciones a la raza de las víctimas, en particular las de las víctimas negras, eran un fuerte predictor de un menor apoyo a todas las categorías de regulación de armas de fuego. Además, las regulaciones diseñadas para abordar las muertes por armas de fuego por suicidio y accidentes tenían menos probabilidades de obtener apoyo en comparación con las que abordaban los tiroteos masivos o los homicidios con armas de fuego en la calle. Las descripciones de la edad, la enfermedad mental, el encarcelamiento previo y el género de la víctima fueron predictores menos destacados del apoyo público que las de la raza o el tipo de incidente. [145]
Los argumentos basados en derechos involucran la pregunta más fundamental sobre el control de armas: hasta qué punto el gobierno tiene autoridad para regular las armas.
Entre los defensores del derecho a poseer armas se incluyen, entre otros, los siguientes: [146]
El autor principal de la Carta de Derechos de los Estados Unidos , James Madison , consideró que los derechos contenidos en ella –incluido el derecho a poseer y portar armas– eran fundamentales. En 1788, escribió: «Las verdades políticas declaradas de esa manera solemne adquieren gradualmente el carácter de máximas fundamentales del gobierno libre y, a medida que se incorporan al sentimiento nacional, contrarrestan los impulsos del interés y la pasión». [149] [150]
La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó en el caso District of Columbia v. Heller (2008) que la posesión de armas es un derecho fundamental . La Corte declaró: "En el momento de la fundación, el derecho a poseer armas se había vuelto fundamental para los súbditos ingleses". [151] La Corte observó que la Carta de Derechos Inglesa de 1689 había incluido el derecho a poseer armas como uno de los derechos fundamentales de los ingleses.
Cuando la Corte interpretó la Decimocuarta Enmienda en McDonald v. City of Chicago (2010), se refirió al año 1868, cuando se ratificó la enmienda, y dijo que la mayoría de los estados tenían disposiciones en sus constituciones que protegían explícitamente este derecho. La Corte concluyó: "Es claro que los redactores y ratificadores de la Decimocuarta Enmienda incluyeron el derecho a poseer y portar armas entre los derechos fundamentales necesarios para nuestro sistema de libertad ordenada". [152] [153]
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La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791, establece:
Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. [155]
Antes de District of Columbia v. Heller , en ausencia de una decisión judicial clara, hubo un debate sobre si la Segunda Enmienda incluía o no un derecho individual . [156] En Heller , la Corte concluyó que efectivamente existe tal derecho, pero no uno ilimitado. [156] Aunque la decisión no fue unánime, todos los jueces respaldaron un punto de vista sobre el derecho individual pero diferían en el alcance de ese derecho. [78] [79]
Antes de Heller, los defensores del derecho a poseer armas argumentaron que la Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer armas. Afirmaron que la frase "el pueblo" en esa enmienda se aplica a individuos en lugar de a un colectivo organizado y que la frase "el pueblo" significa lo mismo en las Enmiendas 1, 2, 4, 9 y 10. [157] : 55–87 [158] [159] También dijeron que la ubicación de la Segunda Enmienda en la Carta de Derechos la define como un derecho individual. [160] [161] Como parte de la decisión Heller , la mayoría respaldó la opinión de que la Segunda Enmienda protege el derecho individual, aunque no ilimitado, a poseer armas. El politólogo Robert Spitzer y el secretario de derecho de la Corte Suprema Gregory P. Magarian argumentaron que esta decisión final de la Corte Suprema era una interpretación errónea de la Constitución de los Estados Unidos. [162] [163] [164]
Después de la decisión de Heller , se prestó cada vez más atención a la cuestión de si la Segunda Enmienda se aplica o no a los estados. En 2010, en el caso McDonald v. City Chicago , la Corte Suprema dictaminó que las disposiciones de la Segunda Enmienda se aplican a los estados como resultado de la Decimocuarta Enmienda.
El jurista inglés del siglo XVIII William Blackstone (nacido en 1723), cuyos escritos influyeron en los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, [165] llamó a la legítima defensa "la ley primaria de la naturaleza" que (dijo) la ley hecha por el hombre no puede eliminar. [166] Siguiendo a Blackstone, el jurista estadounidense St. George Tucker (nacido en 1752) escribió que "el derecho de legítima defensa es la primera ley de la naturaleza; en la mayoría de los gobiernos, los gobernantes se han esforzado por confinar este derecho dentro de los límites más estrechos posibles". [167]
En los casos Heller (2008) y McDonald (2010), la Corte Suprema consideró que el derecho de legítima defensa está protegido, al menos en parte, por la Constitución de los Estados Unidos. El tribunal dejó que los detalles de esa protección se resolvieran en futuros casos judiciales. [168]
Los dos grupos de interés principales en relación con este tema son la Campaña Brady y la Asociación Nacional del Rifle. [169] Por ejemplo, han tenido enfrentamientos en relación con las leyes de defensa propia que otorgan a las personas el derecho legal de usar armas para defenderse sin ninguna obligación de retirarse de una situación peligrosa. [170] Después de la decisión de la Corte Suprema de 2008 en Heller , la Campaña Brady indicó que buscaría leyes de armas "sin infringir el derecho de las personas respetuosas de la ley a poseer armas para la autodefensa". [171]
Los defensores de los derechos de armas, tanto de izquierda como de extrema izquierda, argumentan que la posesión de armas es necesaria para proteger a las comunidades marginadas, como los afroamericanos y la clase trabajadora , de la represión estatal. [172] [173] Los defensores de extrema izquierda argumentan que las leyes de control de armas benefician principalmente a las personas blancas y perjudican a las personas de color . [173]
Otro argumento político fundamental asociado con el derecho a poseer y portar armas es que prohibir o incluso regular la posesión de armas hace que la tiranía gubernamental sea más probable. [174] Una encuesta de enero de 2013 de Rasmussen Reports indicó que el 65 por ciento de los estadounidenses cree que el propósito de la Segunda Enmienda es "garantizar que las personas puedan protegerse de la tiranía". [175] Una encuesta de Gallup en octubre de 2013 mostró que el 60 por ciento de los propietarios de armas estadounidenses mencionan la "seguridad/protección personal" como una razón para poseerlas, y el 5 por ciento menciona un "derecho de la Segunda Enmienda", entre otras razones. [176] Otra encuesta, publicada por el Pew Research Center en agosto de 2023, confirma estos resultados: el 72% de los propietarios de armas encuestados afirman que la autoprotección es una razón importante para poseer armas. [177] El argumento contra la tiranía se remonta a los días de la América colonial y antes en Gran Bretaña. [178]
Varios defensores y organizaciones del derecho a poseer armas, como el exgobernador Mike Huckabee , [179] el excongresista Ron Paul , [180] y Gun Owners of America, [14] dicen que una ciudadanía armada es la última línea de defensa de la población contra la tiranía de su propio gobierno. Esta creencia también era familiar en la época en que se escribió la Constitución. [181] [182] La Declaración de Independencia menciona "el derecho del pueblo a alterar o abolir" el gobierno, y el primer discurso inaugural de Abraham Lincoln reiteró el "derecho revolucionario" del pueblo. [183] El derecho a la revolución no se menciona explícitamente en la Constitución; en cambio, la Constitución fue diseñada para garantizar un gobierno que derive su poder del consentimiento de los gobernados . [184] El historiador Don Higginbotham escribió que la milicia bien regulada protegida por la Segunda Enmienda tenía más probabilidades de sofocar rebeliones que de participar en ellas. [185]
Los defensores del derecho a poseer armas, como Stephen Halbrook y Wayne LaPierre, apoyan la teoría del " control de armas nazi ". Esta teoría sostiene que las regulaciones sobre armas impuestas por el Tercer Reich debilitaron a las víctimas del Holocausto y que habría sido posible una resistencia más eficaz a la opresión si hubieran estado mejor armadas. [186] : 484 [187] : 87–8, 167–168 También se han mencionado otras leyes de armas de regímenes autoritarios , como el control de armas en la Unión Soviética y en China . Esta teoría histórica contrafáctica no cuenta con el respaldo de la investigación convencional, [188] : 412, 414 [189] : 671, 677 [190] : 728 aunque es un elemento de un argumento de "seguridad contra la tiranía" en la política estadounidense. [191]
El activista estadounidense por los derechos de armas Larry Pratt dice que el argumento contra la tiranía a favor de los derechos de armas se apoya en los esfuerzos exitosos en Guatemala y Filipinas para armar a los ciudadanos comunes contra la insurgencia comunista en la década de 1980. [192] [193] Los grupos de defensa de los derechos de armas argumentan que la única manera de imponer la democracia es a través de los medios de resistencia. [157] : 55–87 [158] [159] Los grupos de movimientos de milicias citan la Batalla de Atenas (Tennessee, 1946) como un ejemplo de ciudadanos que "[usaron] la fuerza armada para apoyar el Estado de derecho" en lo que dijeron que fue una elección del condado amañada . [194] El entonces senador John F. Kennedy escribió en 1960 que "es extremadamente improbable que los temores de la tiranía gubernamental que dieron lugar a la Segunda Enmienda sean alguna vez un peligro importante para nuestra nación..." [195]
En 1957, el jurista Roscoe Pound expresó una opinión diferente: [196] [197] Afirmó que "no se puede admitir un derecho legal del ciudadano a hacer la guerra al gobierno... En la sociedad industrial urbana de hoy, un derecho general a portar armas eficientes para poder resistir la opresión del gobierno significaría que las pandillas podrían ejercer una regla extralegal que derrotaría toda la Declaración de Derechos".
Los argumentos de política pública se basan en la idea de que el propósito central del gobierno es establecer y mantener el orden. Esto se logra a través de la política pública, que Blackstone definió como "la debida regulación y el orden interno del reino, por el cual los habitantes del Estado, como miembros de una familia bien gobernada, están obligados a conformar su comportamiento general a las reglas de decoro, buena vecindad y buenas maneras, y a ser decentes, trabajadores e inofensivos en sus respectivas posiciones". [11] : 2–3
Los debates de políticas públicas sobre la violencia armada incluyen discusiones sobre las muertes por armas de fuego, incluidos homicidios, suicidios y muertes no intencionales, así como el impacto de la posesión de armas, criminales y legales, en los resultados de la violencia armada. Después del tiroteo de Sandy Hook , la mayoría de las personas, incluidos los propietarios de armas y los no propietarios de armas, querían que el gobierno gastara más dinero para mejorar la detección y el tratamiento de la salud mental, para disuadir la violencia armada en Estados Unidos. En los Estados Unidos en 2009 hubo 3,0 homicidios intencionales registrados cometidos con un arma de fuego por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos ocupa el puesto 28 en el mundo en homicidios con armas de fuego per cápita. [199] Un hombre estadounidense de 15 a 24 años tiene 70 veces más probabilidades de ser asesinado con un arma que su contraparte en las ocho naciones industrializadas más grandes del mundo (G-8) (Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Rusia). [200] En 2013, hubo 33.636 muertes relacionadas con armas de fuego en los Estados Unidos. Mientras tanto, en el mismo año en Japón, solo hubo 13 muertes relacionadas con armas de fuego. En incidentes relacionados con homicidios o accidentes con armas de fuego, una persona en los Estados Unidos tiene aproximadamente 300 veces más probabilidades de morir que una persona japonesa. [201] En 2015, hubo 36.252 muertes debido a armas de fuego, y algunos afirman que hubo hasta 372 tiroteos masivos , en los EE. UU., mientras que se utilizaron armas de fuego para matar a unas 50 personas en el Reino Unido. [ 200] Por lo general, en los EE. UU. mueren más personas con armas de fuego en un día (aproximadamente 85) que en el Reino Unido en un año. [200] [ Se necesita una mejor fuente ] [ ¿Informes circulares? ]
En el debate sobre la política de armas, los defensores del control de armas y de los derechos de posesión de armas no están de acuerdo sobre el papel que desempeñan las armas en el crimen . Los defensores del control de armas preocupados por los altos niveles de violencia armada en los Estados Unidos consideran que las restricciones a la posesión de armas son una forma de frenar la violencia y dicen que el aumento de la posesión de armas conduce a mayores niveles de delincuencia, suicidio y otros resultados negativos. [202] [203] Los grupos de derechos de posesión de armas dicen que una población civil bien armada previene el crimen y que hacer ilegal la posesión de armas de fuego por parte de civiles aumentaría la tasa de delincuencia al hacer que los civiles sean vulnerables a la actividad delictiva. [204] [205] Dicen que más civiles se defienden con un arma cada año que los arrestos de las fuerzas del orden por delitos violentos y robos [206] y que los civiles disparan legalmente a casi tantos delincuentes como lo hacen los agentes del orden. [207]
Estudios que utilizan datos del FBI e informes policiales de los incidentes han descubierto que hay aproximadamente 1.500 casos verificados de armas de fuego utilizadas en defensa propia anualmente en los Estados Unidos. [208] La investigación basada en encuestas derivada de datos recopilados por la Encuesta Nacional de Victimización Criminal ha generado estimaciones de que, de aproximadamente 5,5 millones de víctimas de delitos violentos en los EE. UU. anualmente, aproximadamente el 1,1 por ciento, o 55.000, utilizaron un arma de fuego en defensa propia (175.000 para el período de 3 años). [209] Al incluir los delitos contra la propiedad, de los 15,5 millones de víctimas de delitos contra la propiedad anualmente encontradas en la encuesta (46,5 millones para 2013-2015), los datos de la encuesta NCV arrojaron estimaciones de que alrededor del 0,2 por ciento de las víctimas de delitos contra la propiedad, o 36.000 anualmente (109.000 para el período de 3 años) utilizaron un arma de fuego en defensa propia por la pérdida de la propiedad. [209] Los investigadores que trabajan con los conjuntos de datos más recientes de la NCVS han descubierto que en los Estados Unidos se utilizan aproximadamente 95.000 armas de fuego en defensa propia cada año (284.000 en el período 2013-2015). [209] Además, Estados Unidos tiene una tasa de posesión de armas de fuego más alta que cualquier otra nación. La tasa de homicidios con armas de fuego en los Estados Unidos, si bien es alta en comparación con otras naciones desarrolladas, ha estado disminuyendo desde la década de 1990. [210]
El control de armas ha limitado la disponibilidad de armas de fuego para muchas personas. Algunas de las limitaciones incluyen a cualquier persona que haya sido dada de baja deshonrosamente del ejército, cualquier persona que haya renunciado a su ciudadanía estadounidense, haya sido declarada enferma mental o internada en una institución psiquiátrica, sea fugitiva, sea consumidora o adicta a una sustancia controlada y cualquier persona que se encuentre ilegalmente en el país. [211] Aún así, en 2016, según el Centro para el Control de Enfermedades, hubo 19.362 homicidios en los Estados Unidos. Se utilizaron armas de fuego en 14.415, o un poco más del 74% de todos los homicidios. También hubo 22.938 suicidios que se llevaron a cabo con la ayuda de un arma de fuego. [212] En total, en 2016, las armas de fuego estuvieron involucradas en la muerte de 38.658 estadounidenses. Según Rifat Darina Kamal y Charles Burton, en 2016, los datos de un estudio presentado por Priedt (2016) mostraron que solo la tasa de homicidios, por sí sola, era 18 veces mayor que las tasas de Australia, Suecia y Francia. [213] Debido al aumento de los tiroteos masivos, en los Estados Unidos se están aprobando nuevas leyes. Recientemente, Colorado se convirtió en el decimoquinto estado en aprobar el proyecto de ley "Red Flag", que otorga a los jueces la autoridad para retirar las armas de fuego a quienes se cree que representan un alto riesgo de dañar a otros o a sí mismos. [214] Esta ley "Red Flag" ya se ha propuesto en veintitrés estados. [215]
Existe un debate abierto sobre la existencia de una conexión causal (o la falta de ella ) entre el control de armas y su efecto sobre la violencia armada y otros delitos. Los criminólogos debaten sobre la cantidad de vidas salvadas o perdidas por la posesión de armas. Entre las dificultades de la investigación se encuentran la dificultad de contabilizar con precisión los enfrentamientos en los que no se disparan tiros y las diferencias jurisdiccionales en la definición de "delito".
Este tipo de investigación también está sujeta a una dificultad más fundamental que afecta a toda la investigación en este campo: la eficacia del Derecho penal para prevenir el delito en general o en casos específicos es inherentemente y notoriamente difícil de probar y medir, y por lo tanto las cuestiones relativas al establecimiento de un vínculo causal entre el control de armas o políticas particulares de control de armas y el delito violento deben entenderse como un aspecto de una dificultad empírica más general, que impregna los campos de la criminología y el derecho en general. Tampoco es sencillo, por ejemplo, demostrar una conexión causal entre las leyes contra el asesinato y las tasas de homicidios prevalecientes. En consecuencia, este contexto general debe tenerse en cuenta al discutir las cuestiones causales y empíricas aquí.
Un estudio publicado en The American Journal of Economics and Sociology en 1997 concluyó que la cantidad de delitos y muertes relacionados con armas de fuego se ve afectada más por el estado de la zona en términos de desempleo, problemas con el alcohol y problemas con las drogas en lugar de las leyes y regulaciones. [216] Este estudio analizó las estadísticas recopiladas sobre la cantidad de delitos con armas de fuego en estados con políticas de armas estrictas y laxas y determinó que la cantidad de delitos con armas de fuego está relacionada con el nivel de empobrecimiento de una zona.
Un estudio de los CDC de 2003 determinó que "el grupo de trabajo no encontró evidencia suficiente para determinar la efectividad de ninguna de las leyes de armas de fuego o combinaciones de leyes revisadas sobre los resultados violentos". [65] Continúan afirmando que "un hallazgo de evidencia insuficiente para determinar la efectividad no debe interpretarse como evidencia de ineficacia, sino más bien como un indicador de que se necesita investigación adicional antes de que se pueda evaluar la efectividad de una intervención".
With 5% of the world's population, U.S. residents own roughly 50% of the world's civilian-owned firearms. In addition, up to 48% of households within America have guns.[220] According to the UNODC, 60% of U.S. homicides in 2009 were perpetrated using a firearm.[221] U.S. homicide rates vary widely from state to state. In 2014, the lowest homicide rates were in New Hampshire, North Dakota, and Vermont (each 0.0 per 100,000 people), and the highest were in Louisiana (11.7) and Mississippi (11.4).[222]
Gary Kleck, a criminologist at Florida State University, and his colleague Marc Gertz, published a study in 1995 estimating that approximately 2.5 million American adults used their gun in self-defense annually. The incidents that Kleck extrapolated based on his questionnaire results generally did not involve the firing of the gun, and he estimates that as many as 1.9 million of those instances involved a handgun.[223]: 164 These studies have been subject to criticism on a number of methodological and logical grounds [224] and Kleck has responded with a rebuttal.[225][226]
Another study from the same period, the National Crime Victimization Survey (NCVS), estimated 65,000 DGUs (Defensive gun use) annually. The NCVS survey differed from Kleck's study in that it only interviewed those who reported a threatened, attempted, or completed victimization for one of six crimes: rape, robbery, assault, burglary, non-business larceny, and motor vehicle theft. The NCVS, however, does not actually directly ask about defensive gun use, so estimates of this set of events are not very meaningful. A National Research Council report said that Kleck's estimates appeared to be exaggerated and that it was almost certain that "some of what respondents designate[d] as their own self-defense would be construed as aggression by others".[227]
In a review of research of the effects of gun rates on crime rates, Kleck determined that of studies addressing homicide rate, half of them found a connection between gun ownership and homicide, but these were usually the least rigorous studies. Only six studies controlled at least six statistically significant confound variables, and none of them showed a significant positive effect. Eleven macro-level studies showed that crime rates increase gun levels (not vice versa). The reason that there is no opposite effect may be that most owners are noncriminals and that they may use guns to prevent violence.[228]
Commenting on the external validity of Kleck's report, David Hemenway, director of the Harvard Injury Control Research Center, said: "Given the number of victims allegedly being saved with guns, it would seem natural to conclude that owning a gun substantially reduces your chances of being murdered. Yet a careful case-control study of homicide in the home found that a gun in the home was associated with an increased rather than a reduced risk of homicide. Virtually all of this risk involved homicide by a family member or intimate acquaintance."[229]: 1443 Kleck however pointed out that most of the firearms used in the Kellermann study were not the same ones kept in the household by the victim.[230] Similarly in 2007 when the Permit-To-Purchase law was repealed in Missouri, 2008 saw a 34% increase in the rate of firearm homicides in that year alone, and the figure continues to be higher than the figure pre-2007.[231]
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One study found that homicide rates as a whole, especially those as a result of firearms use, are not always significantly lower in many other developed countries. Kleck wrote, "...cross-national comparisons do not provide a sound basis for assessing the impact of gun ownership levels on crime rates."[232] One study published in the International Journal of Epidemiology found that for the year of 1998: "During the one-year study period (1998), 88,649 firearm deaths were reported. Overall firearm mortality rates are five to six times higher in high-income (HI) and upper-middle-income (UMI) countries in the Americas (12.72) than in Europe (2.17) or Oceania (2.57) and 95 times higher than in Asia (0.13). The rate of firearm deaths in the United States (14.24 per 100,000) exceeds that of its economic counterparts (1.76) eightfold and that of UMI countries (9.69) by a factor of 1.5. Suicide and homicide contribute equally to total firearm deaths in the U.S., but most firearm deaths are suicides (71%) in HI countries and homicides (72%) in UMI countries."[233]
Firearms accounted for 51.5% of U.S. suicides in 2013, and suicides account for 63% of all firearm-related deaths.[236] A 2012 review by researchers at the Harvard School of Public Health found that in the United States, the percent of suicide attempts that prove fatal is "strongly related to the availability of household firearms."[237] Prior to this, one book written by criminologist Gary Kleck in the 1990s stated that they found no relationship between gun availability and suicide rates.[238]
Though the CDC does not prescribe firearm legislation measures, due to limited policy-related research findings, a CDC Vital Signs report identifies firearm-related death as "a significant and growing public health problem in the United States."[239] The same report states that firearm related violence in the U.S. is linked to widening racial and ethnic inequalities.[239]
A 2022 correspondence between researchers at the University of Michigan and the New England Journal of Medicine states that "generational investments are being made in the prevention of firearm violence, including new funding opportunities from the CDC and the National Institutes of Health."[240] The correspondence refers to "funding for the prevention of community violence (that) has been proposed in federal infrastructure legislation."[240] The researchers emphasize the significance of such policy measures as a preventative public health solution, in light of data indicating rising child mortality as a result of firearm related incidents, citing statistical evidence of firearm-related deaths replacing motor vehicle accidents as the leading cause of child mortality in 2020.[240]
In 2009, the Public Health Law Research program,[241] an independent organization, published several evidence briefs summarizing the research assessing the effect of a specific law or policy on public health, that concern the effectiveness of various laws related to gun safety. Among their findings:
The number of federal and state gun laws is unknown. A 2005 American Journal of Preventive Medicine study says 300,[247] and the NRA says 20,000, though the Washington Post fact checker says of that decades-old figure: "This 20,000 figure appears to be an ancient guesstimate that has hardened over the decades into a constantly repeated, never-questioned talking point. It could be lower, or higher, depending on who's counting what."[248]
Federal gun laws are enforced by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Most federal gun laws were enacted through:[249][250]
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In addition to federal gun laws, all U.S. states and some local jurisdictions have imposed their own firearms restrictions. Each of the fifty states has its own laws regarding guns.
Provisions in State constitutions vary.[251] For example, Hawaii's constitution simply copies the text of the Second Amendment verbatim,[252] while North Carolina and South Carolina begin with the same but continue with an injunction against maintaining standing armies.[253][254] Alaska also begins with the full text of the Second Amendment, but adds that the right "shall not be denied or infringed by the State or a political subdivision of the State".[255] Rhode Island subtracts the first half of the Second Amendment, leaving only, "[t]he right of the people to keep and bear arms shall not be infringed".[256]
The majority of the remaining states' constitutions differ from the text of the U.S. Constitution primarily in their clarification of exactly to whom the right belongs or by the inclusion of additional, specific protections or restrictions. Seventeen states refer to the right to keep and bear arms as being an individual right, with Utah and Alaska referring to it explicitly as "[t]he individual right to keep and bear arms",[255][257] while the other fifteen refer to the right as belonging to "every citizen",[258] "all individuals",[259] "all persons",[260] or another, very similar phrase.[nb 1] In contrast are four states which make no mention whatever of an individual right or of defense of one's self as a valid basis for the right to arms. Arkansas, Massachusetts, and Tennessee all state that the right is "for the common defense",[273][274][275] while Virginia's constitution explicitly indicates that the right is derived from the need for a militia to defend the state.[276]
Most state constitutions enumerate one or more reasons for the keeping of arms. Twenty-four states include self-defense as a valid, protected use of arms;[nb 2] twenty-eight cite defense of the state as a proper purpose.[nb 3] Ten states extend the right to defense of home and/or property,[nb 4] five include the defense of family,[nb 5] and six add hunting and recreation.[nb 6] Idaho is uniquely specific in its provision that "[n]o law shall impose licensure, registration, or special taxation on the ownership or possession of firearms or ammunition. Nor shall any law permit the confiscation of firearms, except those actually used in the commission of a felony".[277] Fifteen state constitutions include specific restrictions on the right to keep and bear arms. Florida's constitution calls for a three-day waiting period for all modern cartridge handgun purchases, with exceptions for handgun purchases by those holding a CCW license, or for anyone who purchases a black-powder handgun.[278] Illinois prefaces the right by indicating that it is "[s]ubject ... to the police power".[268] Florida and the remaining thirteen states with specific restrictions all carry a provision to the effect that the state legislature may enact laws regulating the carrying, concealing, and/or wearing of arms.[nb 7] Forty states preempt some or all local gun laws, due in part to campaigning by the NRA for such legislation.[279]
ingredient.
They [the NRA] promote the use of firearms for self-defense, hunting, and sporting activities, and also promote firearm safety.
"Dillon endorsed Bishop's view that Buzzard's "Arkansas doctrine," not the libertarian views exhibited in Bliss, captured the dominant strain of American legal thinking on this question
All four books being reviewed discuss how mobilization of the militia movement involved fears of gun control legislation coupled with anger over the deadly government mishandling of confrontations with the Weaver family at Ruby Ridge, Idaho and the Branch Davidians in Waco, Texas.
[Chapter 2] describes the primary concerns of militia members and how those concerns contributed to the emergence of the militia movement prior to the Oklahoma City bombing. Two high-profile cases, the Ruby Ridge and Waco incidents, are discussed because they have elicited the anger and concern of the people involved in the movement.
Chapter 4 examines the actions surrounding, and the political impact of, the standoff at Ruby Ridge.... Arguably, the siege... lit the match that ignited the militia movement.
[Ruby Ridge and Waco] appear to have taken on a mythological significance within the cosmology of the movement....
Patriots, however, saw [the Ruby Ridge and Waco] events as the first step in the government's attempt to disarm the populace and pave the way for imminent takeover by the new world order.
Congress yesterday approved legislation that would help states more quickly and accurately identify potential firearms buyers with mental health problems that disqualify them from gun ownership under federal law.... [The bill] drew overwhelming bipartisan support, and the backing of both the Brady Campaign to Prevent Gun Violence and the National Rifle Association.
Justice Stevens begins his opinion by conceding Justice Scalia's point that the Second Amendment right is an 'individual' one, in the sense that '[s]urely it protects a right that can be enforced by individuals.' He concludes, however, that all of the historical context, and all of the evidence surrounding the drafting of the Second Amendment, supports the view that the Second Amendment protects only a right to keep and bear arms in the context of militia service.
In both dissents, the clear implication is that if the purpose of the Second Amendment is militia-related, it follows that the amendment does not create a legal rule that protects an individual right to possess and carry firearms outside the context of service in a state militia.
Justice John Paul Stevens argued that the debate over the Second Amendment was not whether it protected an individual or collective right but, instead, over the scope of the right to bear arms.
Data source: Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center
As the Supreme Court made clear this past summer, judges can change the law, although there is less than consensus, even among conservatives, that Justice Antonin Scalia succeeded in making the case for the majority in Heller. Federal Judge Richard Posner (2008) opined recently that Scalia's opinion, though lengthy, 'is not evidence of the disinterested historical inquiry. It is evidence of the ability of well-staffed courts to produce snow jobs.'
For although Americans believe in an individual right to bear arms, public opinion polls have consistently shown that they favor commonsense gun restrictions as well. Thus, if the lower courts begin to get too bold and begin striking down popular gun control laws, Heller, like Lochner [v. New York], will be seen as a mistake.
The Constitution can confer rights on individuals, as the First Amendment undeniably does, but – as First Amendment theorists frequently contend – for collectivist rather than individualist reasons.... While this Article does not contest the core holdings of Heller and McDonald that the Second Amendment confers an individual right against the federal and state governments, [I challenge] those decisions' primary justification for the Second Amendment: protection of individual self-defense.
After Heller, the issue is: What reasonable gun laws should be passed that will make our families and communities safer, without infringing on the right of law-abiding persons to possess guns for self-defense? This framing of the issue will move the debate from the extremes to the middle and, as such, is highly favorable to progress toward a new, sensible, national gun policy.
Before a standing army can rule, the people must be disarmed; as they are in almost every kingdom in Europe. The supreme power in America cannot enforce unjust laws by the sword; because the whole body of the people are armed, and constitute a force superior to any band of regular troops that can be, on any pretense, raised in the United States.
CNN's attribution: Developed countries are defined based on the UN classification, which includes 36 countries. Source: Institute for Health Metrics and Evaluation (Global Burden of Disease 2019), Small Arms Survey (Civilian Firearm Holdings 2017)
{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)Updated March 27, 2023.Describes inclusion criteria.
Table 1
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