Vivienda en España
[4] Durante el período 1997-2007 se creó una burbuja inmobiliaria en España que estalló en 2008, iniciándose la crisis inmobiliaria española 2008-2013 junto con un retroceso económico en todos los aspectos de la economía -Crisis española de 2008-2014-.
Entre las novedades que introduce en el sistema jurídico es que los honorarios inmobiliarios deben correr a cargo del casero, se elimina el Índice de precios al consumidor (IPC) como índice de referencia para actualizar contratos (estableciéndose un tope del 3 % a las subidas en 2024) y rebaja el concepto de «gran propietario» a aquellos que tengan al menos 5 inmuebles.
Los topes los aplicarían las administraciones locales tras declarar una determinada área como zona tensionada.
El Gobierno, además, debe adoptar medidas para que la Comunidad de Madrid cumpla la ley».
Portavoces de València no está en venda indicaron: «Están cargándose Valencia.
[12] El precio de la vivienda en España ha mantenido históricamente cierta estabilidad en relación con los ingresos familiares -o renta disponible- excepto en las denominadas burbujas inmobiliarias o crisis inmobiliarias; periodos en que los precios sufrieron alzas desmesuradas: burbuja inmobiliaria de 1986 a 1992 - que afectó a los precios pero no tanto al volumen construido- y sobre todo la burbuja inmobiliaria de 1997 a 2007.
[17] Para el economista José García Montalvo el precio de la vivienda en España debería ajustarse todavía un 35,4 % durante los años siguientes a 2013.
[18][19][20] Una de las tendencias previstas en el mercado inmobiliario español para 2025 es el aumento en la preferencia por el alquiler, particularmente en las principales ciudades y sus alrededores.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012[24] establecía genéricamente las garantías y formas de ejercitar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española:
[27][28] Esta maniobra, legal pasados unos años desde la construcción del inmueble, hace que los propietarios se beneficien a nivel particular por la venta de estos inmuebles construidos con dinero público, evitando que las administraciones cuenten con un parque público permanente de viviendas, poniéndolas en el mercado libre, a merced de los especuladores.
En algunos casos, con la debida justificación de la comunidad autónoma, sí se podrían liberalizar a los 30 años.
[30] Desde 2003, en el País Vasco, todas las viviendas de protección oficial construidas mantienen su titularidad pública de forma permanente, por lo que se calcula que existen 76 000 viviendas públicas.
[36] Entre los años 2008 y 2009 la venta de viviendas cayó un 27,8 %, con una distribución espacial irregular.
En España la situación económica y el mercado laboral han incidido en que muchos jóvenes no se decidan a dar el paso a “salir del nido”.
