Proceso democrático de Guatemala en el siglo XXI

Estas son redes que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales -denominados en Guatemala como «señores feudales» o «caciques»- permiten articular la política local con la nacional y son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política que ha posibilitado la continuidad del sistema.

Portillo ganó en 22 departamentos y en la Ciudad de Guatemala, que era considerada la fortaleza del PAN.

Designó un gabinete pluralista, incluso miembros indígenas y otros no afiliados al F.R.G., el partido gobernante.

[15]​ Portillo ofreció investigar a fondo el asunto, pero la empresa TELGUA permaneció en manos de TELMEX.

[17]​ Los monopolios que Portillo enfrentó fueron: Hacia el final de su gestión, Portillo reconoció sin ambages sus fracasos en la reforma fiscal; ahora bien, achacó el fiasco tributario al “boicot” del CACIF, que presentó numerosos recursos legales que dejaron en suspenso la aplicación de varios impuestos, y descargó denuestos en particular contra los productores azucareros por encarecer el precio de este producto básico y encima oponerse a las importaciones extra de azúcar sin arancel aduanero decididas por el Gobierno para proteger al consumidor.

Dando relieve a sus enfrentamientos con el sector privado, Portillo sentenció que «estar en contra de la oligarquía tuvo un costo político».

Cuando Portillo ganó la presidencia, Alvarado MacDonald le dio en préstamo una amplia casa en una zona lujosa de la capital guatemalteca.

[cita requerida] A las ocho horas de iniciados los disturbios, el presidente Portillo en comunicado nacional aseguró que bajo su gobierno ninguna protesta había sido reprimida, fuese de campesinos, sindicalistas, maestros o partidos, pero ofreció sacar al ejército para controlar disturbios.

Como los soldados en las calles fueron pocos y operaron solo en zonas periféricas, el presidente fue acusado de violar la ley.

[17]​ Al final, los disturbios fueron controlados tres horas después del segundo día de los acontecimientos.

[17]​ Muchos sectores de la sociedad criticaron a la policía por no reprimir la manifestación, no obstante que el desafío del FRG al orden público no cobró víctimas directas,[17]​ ya que el único fallecimiento reportado fue el del reportero de Notisiete y Radio Cadena Sonora Héctor Ramírez, quien murió de un paro cardíaco mientras cubría los hechos.

Tras ser indagado, se le dejó en prisión, con una fianza de ciento veintemil dólares; Alvarado MacDonald ingresó a la prisión donde ya estaban varios exfuncionarios del Gobierno eferregista, entre ellos, Eduardo Weymann, Byron Barrientos y Carlos Wohllers.

El país se ve sumido en pobreza, corrupción y crimen sin medida denunciado por la O.N.U.

Se inicia la ampliación del Aeropuerto La Aurora, que alcanza por primera vez certificación A; se remodelan los aeropuertos Mundo Maya (Internacional), San José (Internacional, como alterno de La Aurora), Quetzaltenango, Puerto Barrios, Coatepeque y Huehuetenango.

De acuerdo al informe, las autoridades del penal solo controlaban el área administrativa, los setenta agentes penitenciarios resguardaban únicamente los alrededores y existía un guardia para cada 25 reclusos.

[42]​[c]​ Gisele Rivera habría desestimado la hipótesis que manejó la fiscalía guatemalteca, en la que se señalaba como principales responsables al exdiputado salvadoreño Silva Pereira y a un ex legislador guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, conocido como “Manolillo”; de acuerdo a Rivera, su informe habría sido desatendido por el entonces jefe de la CICIG, el español Carlos Castresana, lo que ocasionó su renuncia y posterior persecución.

[42]​ Sin embargo, para el momento en que Rivera hizo estas declaraciones, tenía orden de captura en Guatemala y estaba ya residiendo en Costa Rica.

[45]​ Entre los fallecidos estaba Juan José León Ardón, uno de los delincuentes más buscados por la policía guatemalteca y conocido como «Juancho León» o «Mister J»; además, las fuerzas de seguridad capturaron a seis hombres que participaron en la reyerta.

[49]​ Estas declaraciones desencadenaron una crisis institucional conocida en Guatemala como el Caso Rosenberg que inicialmente colocó al gobierno guatemalteco en una situación comprometida.

[53]​ El martes 12 de enero de 2010 , la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, liderada entonces por el fiscal español Carlos Castresana, concluyó -basado en evidencia circunstancial-, que Rodrigo Rosenberg se había mandado a matar a sí mismo.

La propaganda publicitaria lo presentó como un partido de militares institucionales, que rescatarían la solidez del Estado.

Después, Baldetti logró colocó a Claudia Méndez Asencio, como intendente de Aduanas en la SAT.

[65]​ Posteriormente, el gobierno de Pérez Molina quiso privatizar la recaudación en las aduanas contratando a una empresa argentina, pero la oposición ciudadana los frenó.

La Junta Directiva viajó el 4 de octubre a la Ciudad de Guatemala para presionar al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina que interviniera en la conflictividad generada por la empresa transnacional ENERGUATE, las reformas a la carrera magisterial y las reformas constitucionales en ese momento impulsadas por el gobierno.

Monzón se encontraba en Seúl, Corea, acompañando a la vicepresidente, Roxana Baldetti, a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad, cuando se enteró de los cargos contra él y emprendió la fuga hacia España.

Como ya ocurrió en la década de 2010 en otros países, se organizaron marchas multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el actual gobierno y hacia los partidos políticos del país, pero no se ha producido una propuesta que ataque frontalmente el sistema que ha permitido que el gobierno de turno se aproveche del erario nacional.

[72]​ El comisionado Iván Velásquez Gómez señaló que toda la investigación, iniciada desde el segundo semestre del año pasado, está absolutamente documentada –incluso con escuchas telefónicas- que implicarían a los Barquín con uno de los principales involucrados en la banda, Francisco «Chico dólar» Morales Guerra, de Jutiapa.

Ese mismo día se produjeron allanamientos domiciliares –que dieron por resultado 11 capturas- principalmente en Jutiapa, desde donde la organización criminal, dijo Velásquez, manejaba el entramado en especial disfrazado vía «remesas familiares».

[73]​ Una vez establecida la concesión, Pérez Molina y Baldetti se habrían repartido US$8 millones cuatrocientos mil garantizados por la firma Group Maritim TCB.

[74]​ De acuerdo con el MP y la CICIG, estos habrían recibido US$5 millones en sobornos.