El caso se inició el 20 de febrero de 2007 cuando fueron brutalmente asesinados Eduardo D'Aubuisson Mungia, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, diputados del Parlamento Centroamericano -PARLACEN- así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez.
En ese momento, las autoridades guatemaltecas acusaron a pandilleros como los responsables del múltiple homicidio de los agentes; sin embargo, hubo presos que aseguraron que hubo una especie de operativo que incluyó vehículos, en los cuales los asesinos ingresaron al recinto y directamente se dirigieron a donde estaban recluidos los policías para darles muerte.
Los diputados viajaban en una caravana con otros miembros salvadoreños del PARLACEN y al cruzar la frontera estaban siendo escoltados por la Policía Nacional Civil guatemalteca hasta la Ciudad de Guatemala, como era habitual, dada la inseguridad que reina en las carreteras del país.
[5] El presidente guatemalteco dijo que seguramente los agentes esperaban obtener un botín de dinero o de droga, pero al verse frustrados de no encontrar nada en el vehículo, asesinaron a los diputados; por su parte, el presidente salvadoreño hizo declaraciones similares respecto a las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
[5] Ese día también se informó que el presidente Berger invitó al FBI estadounidense a ayudar en la investigación del asesinato de los tres parlamentarios salvadoreños.
[c][4] Esa inesperada visita de Rivera la confirmó a Fernández y Jara el Ing. Rodrigo Ávila; según los periodistas, los investigadores de la CICIG dedujeron que era muy probable que el venezolano ya sabía lo que iba a ocurrir con los cuatro agentes policiales y fue a El Salvador para deslindarse de los hechos.
Tanto que, en una fotografía que se presentó a la prensa en febrero de 2007, aparece hablando con los cuatro policías capturados por su participación en el asesinato de los tres diputados salvadoreños y el motorista.
Finalmente, declaró que los hechos ocurrieron con el conocimiento del Ministerio de Gobernación.
Henry Danilo Benítez era un arqueólogo quien había escrito algunos libros muy conocidos y estaba vinculado a la agencia de turismo «Archaeology Ecotours», con sede en Antigua Guatemala.
[11] Habrían recibido entrenamiento militar en Israel y trabajaban ad-honorem en la policía Nacional.
Luego se vieron obligados a conectar otros casos como las muertes en las cárceles de Pavón en 2006 y del “Infiernito”; todas las pesquisas los llevaron a concluir que los casos vinculaban a importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que tenían hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones, secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.
[1][f] En el reportaje que escribieron Fernández y Jara, se dice que uno de los diputados salvadoreños habría llevado cinco millones de dólares en dos maletas, dinero que habría sido tomado por Soto Diéguez en la finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador, donde fueron asesinados los diputados.
El exjefe policial Rodrigo Ávila quien dijo que Pichinte llevaba dinero porque iba a comprar unas propiedades en Guatemala.
[18] Supuestamente, la fiscal costarricense de la CICIG Giselle Rivera habría pedido permiso al español Carlos Castresana para extender sus investigaciones en El Salvador, pero no se le autorizó; a pesar de la negativa del jefe de la CICIG, Rivera y un colega viajaron, a título privado, a San Salvador y se entrevistaron con Rodrigo Ávila, para hablar del crimen tras aclararle al exjefe policial salvadoreño que el comisionado Carlos Castresana, no les oficializó el viaje.
Rodrigo Ávila dijo que él jamás le encontró al exdiputado Pichinte ninguna fase oscura en sus negocios.
Desde entonces Zacarías le dijo a Berger que Castillo estaba involucrado en el asesinato.
En Guatemala se juzgó a un exdiputado guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de unirse para dar muerte a los diputados salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano.
Los legisladores Ramón González y Eduardo d’Abuisson viajaron junto a Pichinte porque, el primero, dejó su auto en El Salvador para que movilizaran a su hija que estaba próxima a parir un hijo, y d’Abuisson tenía su jeep doble tracción en el taller mecánico.
Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa Elena Barillas.
Aunque prefirió no declarar en las etapas previas del proceso, las investigadores de la CICIG temieron, en su momento, que pueda estar muy influenciado por el asesinato de sus compañeros y alguna petición para que callara hechos.
Paradójicamente, a pesar de que Soto Diéguez y Víctor Rivera habrían estado involucrados en el crimen de los diputados, fueran ellos quienes encabezaron las investigaciones oficiales sobre el asesinato.
Soto fue el primero que acusó a esos cuatro agentes como jefe de la DINC guatemalteca.
Sperisen fue juzgado en Ginebra y no podrá ser extraditado porque tiene ambas nacionalidades, ya que su abuelo había emigrado a Guatemala.
[22] La defensa de Sperisen apelará a la última instancia: el Tribunal Federal.
[23] Figueroa negó los cargos que se le imputaban desde 2011, cuando el MP solicitó su extradición a Guatemala y fue detenido preventivamente en Austria, tras ser acusado junto al exministro de Gobernación, Carlos Vielman, y el ex director general de la PNC, Erwin Sperisen.
[23] El abogado de Figueroa, Benno J. Wageneder, solicitó la absolución del defendido y acusó a la CICIG de inventar un caso en torno al exjefe policial para justificar su existencia en Guatemala.
[23] En cuanto a la fiscal asignada al caso, Claudia Jenichl, esta aseguró al jurado que Figueroa era sin duda un buen actor, y afirmó que, si bien él podría no haber matado a alguien directamente en este caso, las pruebas demostraron que estaba involucrado en los homicidios de los reos.