Pena capital en Estados Unidos
UU. habían abolido la pena de muerte, mientras que 27 la conservaban (al menos formalmente, aunque hay 11 en los que existe una moratoria o no se ha aplicado en la práctica desde hace más de 10 años).
No se llevaron a cabo ejecuciones en los Estados Unidos entre 1967 y 1977.
[3] Además de esos 21 estados y el Distrito de Columbia que la han abolido formalmente en sus leyes, hay otros estados en los que la pena de muerte sigue existiendo en las leyes estatales respectivas de esos estados, pero existen actualmente moratorias que mantienen suspendidas indefinidamente las ejecuciones, moratorias que pueden ser o bien por decisión ejecutiva del gobernador actual del estado (que se opone personalmente a la pena de muerte) o bien por decisión del poder judicial estatal (en este último caso por razones legales).
En 2020, 18 presos fueron ejecutados en los Estados Unidos[5] y 2363 estaban en el corredor de la muerte.
[6] Estados como Texas, Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona ejecutan a asesinos con frecuencia.
La mayoría de los delitos comunes pertenecen a la jurisdicción estatal y, por lo tanto, están tipificados en la legislación penal de cada estado; pero existe un conjunto de delitos (que representan una minoría del total de tipos penales que existen en el país) que pertenecen a la jurisdicción federal y por lo tanto están contemplados en la legislación penal federal (nacional).
La Legislatura Estatal (Asamblea Legislativa estatal) de cada Estado tiene la autoridad o competencia para debatir, aprobar y sancionar el Código Penal del estado respectivo, así como las reformas parciales del mismo, y el Gobernador del Estado promulga esos cambios legislativos.
[9][10] Los 29 estados restantes mantienen la pena de muerte incluida en sus respectivas leyes penales estatales, pero hay 11 estados en los que, o bien no se ha ejecutado a nadie en los últimos 10 años, o bien se aplica una moratoria que suspende indefinidamente todas las ejecuciones pendientes, una moratoria que puede ser por una decisión ejecutiva del gobernador actual, o que puede ser por una decisión de la respectiva justicia estatal.
La sucesora de Kitzhaber, la actual gobernadora Kate Brown, decidió mantener la moratoria establecida por su predecesor.
El asesinato también es federal si se comete dentro de la "jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos", que abarca las aguas territoriales estadounidenses de alta mar (excluyendo las aguas que están bajo jurisdicción de los diferentes estados costeros), los aviones cuando sobrevuelan las aguas bajo jurisdicción federal, los terrenos adquiridos para sus instalaciones por el gobierno federal con autorización de la legislatura estatal respectiva (siempre que se le haya cedido la jurisdicción exclusiva o concurrente sobre los mismos), todo buque extranjero que entre o salga de Estados Unidos (siempre que el delito sea contra un estadounidense y que la ley internacional permita la jurisdicción) y las misiones diplomáticas estadounidenses.
En este caso, el presidente John Fitzgerald Kennedy negó el perdón y ordenó la ejecución.
Desde 1963 y hasta el 2001 ninguna persona condenada a muerte por la justicia federal fue ejecutada.
La siguiente ejecución federal no tendría lugar hasta 38 años después, cuando el 11 de junio de 2001 el terrorista estadounidense Timothy McVeigh fue ejecutado con una inyección letal por haber volado un edificio federal y haber asesinado con ello a agentes federales que estaban cumpliendo su deber (además de civiles inocentes); el presidente George W Bush fue el que negó el perdón y confirmó la sentencia a muerte de McVeigh.
Desde 1936 no se han realizado ejecuciones públicas en Estados Unidos; a partir de ese año los estados y el Poder Federal han promulgado leyes que prohíben realizar ejecuciones si no hay, por lo menos, una pared de por medio que separe la ejecución de la vista del público.
