[18] Así, finalmente, Pedro Chavarry, admitió que mintió, "por defender la institucionalidad de la institución: La Fiscalía".
[21] La oficina había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de una investigación al financiamiento del partido político Fuerza Popular.
[22] El fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay Castillo fue el encargado de presentar los cargos contra el fiscal supremo, señalando que la intención de Chávarry al solicitar información sobre el proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, era acceder a los datos para filtrarlos a personas investigadas y trabar las acciones del equipo Especial Lava Jato.
[cita requerida] En noviembre de 2019, se reveló que Chávarry habría actuado presuntamente bajo intereses del partido Fuerza Popular, con mayoría en el Congreso ya disuelto, esto tras el testimonio de Jorge Yoshiyama, quien dijo que Chávarry usó como intermediario al entonces congresista y vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, coordinando un apoyo mutuo para frustrar la labor del Equipo Lava Jato.
Fue la misma Keiko Fujimori quien le dijo a Salaverry que se reuniera con Chavarry y se le apoyara en todo lo necesario como fiscal de la nación (las pruebas serían los denominados chats de La Botica), en otra oportunidad, esta le pidió a Salaverry que le entregara una copia de la agenda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que le fue incautada en un allanamiento a su propiedad en marzo de 2018, cosa que Salaverry no realizó por considerarlo ilegal.
La fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla anunció que apelaría dicha decisión.
En julio de 2020, El tribunal supremo acogió así las apelaciones que presentaron el Ministerio Público y la procuraduría del Poder Judicial a fin de dejar sin efecto la decisión del juez supremo Hugo Núñez Julca, respecto del pedido de Chávarry para archivar el proceso.
[24] En agosto del 2020, la Corte Suprema acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó la suspensión preventiva, durante dieciocho meses, de Pedro Chavarry como fiscal supremo.