Los restos humanos sólo pudieron ser devueltos a sus familiares 6 años más tarde.

Ambas ciudades estaban unidas por el Puente Ferroviario La Laja que se usaba también como paso peatonal.

Las detenciones se cumplieron sin inconvenientes y todos los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

No hubo lista formal ni menos órdenes judiciales de arresto.

Ese día, tras informarse en su lugar de trabajo que no tendría turno, Luis Alberto Araneda volvía a su casa cuando fue advertido por un vecino de no volver a su hogar porque la policía lo buscaba.

En el pequeño calabozo de la tenencia los diecinueve detenidos pudieron ser visitados por sus familiares, quienes les llevaron comida y ropa limpia.

Esa noche les fue ordenado emborracharse con el alcohol traído del casino de la CMPC y jurar que jamás dirían una palabra sobre su crimen.

En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa.

Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena.

El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

El juez civil se declaró incompetente en marzo de 1980 y entregó la causa a la justicia militar que sobreseyó la causa tras solo tres meses, lo que fue ratificado por la Corte Suprema de Chile en 1981.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejó sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa.