Fue impugnada por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional quien en la sentencia STC 103/2008 la anuló por encontrarla inconstitucional al considerar que el nombre 'consulta popular' disfrazaba en realidad la convocatoria de un verdadero referéndum, cuya convocatoria debe ser autorizada por el Estado, que posee la competencia exclusiva para ello, y no por las comunidades autónomas.
[8][9] Los principales partidos plantearon la posible relación entre el debate suscitado y la influencia que éste pudiera tener en los siguientes comicios autonómicos.
[20] Por otra parte, María Teresa Fernández de la Vega, como portavoz y vicepresidenta del Gobierno aseguró que el referéndum no se realizaría.
[23][24] A estas declaraciones respondió Ibarretxe argumentando que «no divide quien pregunta, sino quien prohíbe consultar».
[27] Si bien en un principio por parte del Gobierno Vasco se planteó la posibilidad de acudir a las instancias judiciales europeas, finalmente no se optó por dicha opción procesal debido a los problemas que la iniciativa tendría para su admisión, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) raramente ha accedido a que los recurrentes no sean personas físicas.