Ley sobre la laicidad del Estado
A pesar de lo que precede, los artículos 1 a 3, que afirman la laicidad del Estado y de sus instituciones parlamentarias, gubernamentales y judiciales, no tienen precedencia sobre las leyes adoptadas anteriormente.
[5] Ningún acuerdo colectivo puede incluir una disposición que sea contrario a la ley.
[9] Al contrario del proyecto abortado de la Carta de los Valores (en francés Charte des valeurs), no hay distinciones entre los diferentes signos religiosos; sin importar que estos sean pequeños o grandes, o que estén exhibidos o disimulados, serán igualmente prohibidos para los funcionarios afectados.
[10] » Las alianzas llevadas al dedo están excluidas de esta definición, según el ministro Jolin-Barrette.
[13] Conforme al artículo 8, todo empleado de la función pública tiene que ejercer sus funciones a cara descubierta y todo ciudadano que desea ser servido por el Estado debe igualmente hacerlo a cara descubierta, si es necesario para verificar su identidad o para cuestiones de seguridad.
[15] En todos los otros casos, ningún "ajuste razonable" será concedido respecto al principio del servicio a cara descubierta y a la prohibición hecha para ciertos funcionarios de llevar los símbolos religiosos.
[19] Por otra parte, la Ley sobre la laicidad del estado crea un nuevo artículo en el seno de la Ley sobre la neutralidad religiosa, el artículo 17.1, que dispone que ningún ajuste razonable (en francés accommodement raisonnable) será hecho con respecto a la obligación de neutralidad religiosa, excepto las disposiciones previstas por la propia Ley 62.
En virtud de esta Carta, llevar símbolos religiosos ostentatorios habría sido prohibido para todos los empleados de los sectores públicos y parapúblicos, incluidos los profesores y las educadoras en las guarderías.
[41] Este proyecto de ley retomaba el principio del antiguo proyecto de ley n°94 del gobierno Charest, a saber que todo servicio público tendría que darse y recibirse a cara descubierta.
[42] Esta obligación no se aplicaba sin embargo a los funcionarios si las condiciones laborales exigían cubrirse la cara.
Por su lado, el jefe del Partido Liberal Philippe Couillard, que consideraba que esta estudiante era una «pionera» se opuso a esas medidas preconizadas por el PQ y la CAQ, mientras su ministra de Justicia Stéphanie Vallée recordaba que «llevar signos religiosos, no está prohibido, está permitido».
La diputada liberal Hélène David criticó el proyecto de ley n°21 que, según ella, se dirigía a las minorías étnicas, sobre todo a las musulmanas que llevaban el hiyab y según ella esto atentaba contra los derechos y libertades.
Los 73 diputados de la Coalition avenir Québec y del Parti québécois votaron a favor, mientras que los 35 diputados del Partido Liberal y de Québec solidaire votaron en contra.
Ninguna otra comisión escolar no habría hecho de directivas parecidas.
Según el agente de prensa del ministro, «La CSDM parece haber malinterpretado groseramente la ley».
La comisión escolar anglófona anunció que consecuentemente no aplicaría la ley si ésta era adoptada.
El recurso a la cláusula derogatoria inscrita en el proyecto de ley no permitía derogar el artículo 23 de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades que protege los derechos a la instrucción garantizados a las minorías anglófonas y francófonas del país.
[86] Ichrak Nourel Hak, una estudiante en enseñanza que llevaba el hiyab, decidió impugnar la ley ante los tribunales, con la ayuda del Consejo Nacional de los Musulmanes Canadienses y la Asociación Canadiense de las Libertades Civiles.
[95][96] Al día siguiente, tres profesores apoyados por la Coalition Inclusion Québec - dos musulmanas y una católica - decidieron tambié discutir la ley.
Los demandantes defendieron entonces que la Ley 21 atentaba contra el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres garantizado por el artículo 28 de la Carta canadiense de los Derechos y Libertades; un argumento inédito hasta entonces en su alegación.
[104][105] Los demandantes decidieron llevar la causa en apelación a la Corte Suprema de Canada.
[104] El 9 de enero, el juez Marc-André Blanchard de la Corte Suprema autorizó la participación del Movimiento Laico Quebequés (MLQ), una asociación pro laicidad, en las futuras deliberaciones judiciales.
El MLQ quería no sólo defender la ley contra los que buscan invalidarla, sino también defender que ésta crea nuevos derechos, entre los cuales el derecha para los alumnos y sus padres de tener una enseñanza laica.
[111][112] Sus declaraciones fueron unánimemente denunciadas por todos los grandes partidos políticos y varios dirigentes, entre los cuales estuvo el primer ministro de Quebec, le pidieron que se disculpara.
El mismo día, la ex primera ministra neodemócrata de Alberta, Rachel Notley, publicó un mensaje en Twitter donde afirmaba que es «un día triste para Canadá cuando el racismo se hace ley».
[118] El 26 de junio de 2019, el primer ministro del Manitoba Brian Pallister denunció a su vez la ley quebequesa, llamando todos sus homólogos del Oeste canadiense a denunciar una ley «peligrosa, no canadiense, que merece que nos opongamos».
[123] Por su lado, el primer ministro quebequés François Legault pidió públicamente el mismo día que todos los jefes de los partidos federales se comprometieran a no impugnar ante los tribunales la ley quebequesa.
[124] Desde la adopción de la ley quebequesa sobre la laicidad, los consejos municipales de Victoria, Calgary, Toronto y Vancouver han adoptado unánimemente mociones que se oponen a la Ley sobre la laicidad del Estado.
[129] Es notable que a pesar de las impugnaciones y protestas públicas que vienen principalmente del Canadá inglés,[130] la población quebequesa está sobradamente al favor del proyecto de ley.
