Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Fue una ley pionera en Europa[1]​[2]​ introduciendo entre otras novedades Juzgados especializados en Violencia sobre la mujer y una Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, creando un sistema integral basado en 3 pilares: la prevención, la protección y recuperación de la víctima y la persecución del delito.[5]​ Fue aprobada por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa.[10]​ Lo que se había denominado históricamente "violencia doméstica" adquirió una creciente importancia en la sociedad dejándose de considerar una cuestión exclusivamente propia de "ámbito privado".Durante la campaña, en diversas ocasiones, también Javier Arenas, del mismo partido, asumió públicamente la propuesta.El presidente abogó por "medidas concretas" para luchar contra la violencia de género frente a "leyes genéricas" como una norma integral propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados y que fue apoyada por todos los grupos excepto el PP.[16]​ En 2002 perdieron la vida como consecuencia de la violencia de género 52 mujeres, mientras que en 2003 la cifra se elevó a 68, un 30,7% más que en el año anterior, existiendo una tendencia al alza.[17]​ Durante la campaña electoral de las elecciones del 14-M del 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del PSOE, anunció que si llegaba al gobierno el primer proyecto de Ley que remitiría al Parlamento sería contra la violencia de género.[18]​ Así, por ejemplo, se constituyen organismos especializados como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer; y se realizan cambios en el Ordenamiento considerando como delito automáticamente las faltas de lesiones, amenazas y coacciones en el caso de que el sujeto activo del delito sea varón y el sujeto pasivo «sea o haya sido su mujer o haya mantenido una relación de análoga afectividad, haya existido convivencia o no, o sea persona especialmente vulnerable que conviva con el agresor».Este número no aparece en la factura del teléfono para evitar que el maltratador descubra que su pareja ha llamado allí, pero, dependiendo del caso, puede aparecer en otros registros, por lo que se recomienda hacer este tipo de llamadas desde un teléfono público o pedirle su teléfono a alguien para realizarlas.Desde la aprobación de la norma se presentaron 200 cuestiones alegando inconstitucionalidad por presunta vulneración del derecho a la igualdad.Siete magistrados votaron a favor y cinco en contra del artículo que permite aumentar las penas en caso de que el maltratador sea el varón.[22]​ En el Congreso se consensuó, además, que las otras violencias incluidas en el Convenio de Estambul serán recogidas en las estadísticas oficiales, para tener conocimiento de las cifras reales y desarrollar campañas preventivas.El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género[24]​ publica una memoria trimestral.[31]​ El Tribunal Constitucional, en varias sentencias entre 2008 y 2010, declaró que eran conformes con la Constitución y que no se producía discriminación,[32]​[33]​[34]​ aunque hubo algunos votos particulares de algunos magistrados de dicho tribunal, no conformes con las sentencias.[35]​ Algunos juristas han criticado esta ley y las sentencias del Tribunal Constitucional que la confirman.[42]​[43]​ En 2018 la norma es considerada obsoleta por diversos colectivos y se reivindica como referencia modernizada el Convenio de Estambul de marco europeo ratificado por España y que incluye como violencia de género las agresiones sexuales, la trata, la mutilación genital, etc.[22]​ En noviembre del año 2019, Alfonso Guerra afirmó que la ley era anticonstitucional y que se había presionado a los jueces del tribunal para su aprobación.Sin embargo, se ha denunciado el uso de estas cifras, poniendo como ejemplo que en 2014 solo un 20,10% del total de denuncias instruidas acabaron en sentencia condenatoria, siendo un 68,29% correspondiente a desistimientos y archivos, y un 11,60% a sentencias absolutorias.[56]​ En el año 2012 en Andalucía, en la operación «Pomelo» se desmanteló una red que ofrecía a mujeres inmigrantes, sobre todo marroquíes, regularizar su situación y acceder a ayudas públicas mediante falsas denuncias por violencia de género.