En marzo de 1857, declaró durante un sermón, que las nuevas leyes eran "hostiles a la Iglesia".

El 17 de abril, envió una circular a todos los sacerdotes de su diócesis "previniendo que no se absolviera sin previa retractación pública a los fieles que hubiesen jurado la constitución".

Su postura fue escuchada por muchos empleados que se negaron a jurar la Carta Magna, quienes fueron destituidos de sus puestos por el gobierno mexicano.

El arzobispo Lázaro de la Garza, escribió cinco cartas pastorales dirigidas a los fieles y al clero.

Argumentó que la Iglesia no podía depender del poder civil, ya que solo a ésta le correspondía el nombrar ministros, predicar el evangelio y la administración de sacramentos.

En el documento reclamó la intromisión del Estado que contemplaba el artículo 123 de la Constitución: "corresponde exclusivamente a los poderes generales, ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes".

Nuevamente manifestó que Juárez carecía de representación legítima y autoridad para expedir leyes.

Juárez había declarado que pasarían a formar parte de la nación los bienes raíces administrados por el clero secular y regular.

Denunció que la enajenación realizada por el gobierno contra los bienes eclesiásticos fue con un precio más bajo al valor real de los mismos.

De inmediato, Juárez expidió un manifiesto dirigido a la Nación, en donde declaró su política liberal y reformadora.

Al día siguiente, el ministro de Relaciones Melchor Ocampo solicitó formalmente a los representantes de España, la Santa Sede, Ecuador y Guatemala abandonar el país, por haber favorecido a la administración del gobierno del Partido Conservador.