En 1987, ya retornada la democracia, el juez Juan Maria Ramos Padilla, ordenó la restitución de María José Lavalle Lemos a su abuela.
Tanto María José como su abuela continuaron actuando en los organismos de derechos humanos.
Tampoco era posible recurrir al sistema judicial, ya que los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de habeas corpus.
La propuesta surgió de Azucena Villaflor, luego desaparecida y asesinada por la dictadura:
Para llamar la atención las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco.
Mariani había sido impulsada a agruparse con otras abuelas por Lidia Pegenaute, una abogada que se desempeñaba como asesora de menores en los tribunales de La Plata, donde aquella intentaba infructuosamente encontrar alguna solución para su caso.