Guerra civil española en la provincia de Soria
La única fuerza militar significativa era, por tanto, la Guardia Civil, pero la conspiración no estaba bien urdida, puesto que Soria pertenecía a la 5ª División orgánica y por tanto dependía de Zaragoza, pero era con Logroño con quien se entendía.
Poco poblada y mal comunicada, las explotaciones madereras eran una importante fuente de riqueza.
Sus afiliados eran sobre todo de la construcción, el metal, el ferrocarril, la resina y el peonaje en general.
El gobernador civil, desde finales de junio, era el periodista coruñés César Alvajar Diéguez, del Partido Republicano Radical Socialista.
A las ocho de la mañana del domingo 19, una patrulla de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel Muga ocupó el gobierno civil y detuvo al señor Alvajar.
Al saber que el gobernador civil había sido detenido, la UGT y la CNT convocaron huelga general indefinida a partir del lunes 20.
La situación se volvió más confusa cuando el teniente coronel Muga, al ver que no venía la columna navarra que esperaba, repuso como gobernador civil al señor Alvajar, el cual no tomó ninguna medida contra el jefe de la Guardia Civil.
Un grupo de vecinos de Deza, con su alcalde al frente, se presentaron en la capital para ponerse a disposición del gobernador civil, siendo detenidos por Muga y liberados por Alvajar cuando recuperó el cargo.
En Arcos de Jalón y Medinaceli no hubo ninguna alteración.
En Almazán, el alcalde organizó patrullas mixtas de obreros y guardias civiles para vigilar las carreteras y mantener el orden, al tiempo que los resineros de la comarca se concentraban en el ayuntamiento.
Se dirigió al gobierno civil, en el que estaban reunidos el gobernador Alvajar y una delegación del Frente Popular.
Poco después llegó el teniente coronel Muga, al que se le insistió en que debía entregar armas a las organizaciones republicanas, pero éste sólo accedió a entregar pistolas y además puso numerosas trabas burocráticas.
El lunes 20 a primera hora de la mañana, Alvajar, Artigas y Muga se reunieron en el gobierno civil y acordaron verbalmente que la Guardia Civil entregaría las pistolas que solicitara el gobernador y que, en caso de necesidad, la Guardia Civil no se opondría a que "en contra de su voluntad" las organizaciones obreras se apoderasen de los fusiles.
No obstante, permitió al gobernador civil abandonar la ciudad con su familia en coche, e incluso le puso una escolta formada por el sargento de la Guardia Civil Wenceslao Lafuente y su hijo Ángel.
Se produjo un tiroteo y resultaron muertos allí mismo el sargento Lafuente y dos ferrovarios; el guardia Ángel Lafuente murió más tarde a consecuencia de las heridas.
