Gobierno de Manuel Oribe

En este período recibió las arcas del estado exhaustas, lo que obligó al gobierno a buscar financiamiento externo.Además, tuvieron lugar varios alzamientos armados alentados por su opositor, Fructuoso Rivera.Este apoyo reflejó la reputación de la que en aquel momento gozaba Oribe, «por sus dotes morales, cívicas y militares».Al asumir su cargo como presidente de la República, Manuel Oribe pronunció en su discurso:[2]​Muñoz se desempeñó como ministro hasta agosto del año siguiente.La oposición acusó al gobierno de haber ejercido influencia en el acto electoral y levantó protestas en la prensa opositora.[9]​[10]​ Entonces, el 18 de julio Rivera realizó una proclama, en la que se levantó en armas en contra del gobierno.Otros como los unitarios Rivadavia, Agüero y Cruz fueron enviados a Santa Catalina.Este pedido se tradujo en la ley n.° 96 del 16 de junio de 1835, en la que la Asamblea General autorizó al Poder Ejecutivo para proceder con este propósito en la forma que estimara «compatible con la tranquilidad pública y circunstancias del erario».Para Eduardo Acevedo, esta condición era anómala, teniendo en cuenta que el núcleo del movimiento revolucionario lavallejista se encontraba en Buenos Aires, pero en su opinión coherente con la nueva política de solidaridad entre ambos países que Rosas impulsó y Oribe aceptó.[11]​ Ante estos decretos, Juan Antonio Lavalleja pidió desde Buenos Aires la devolución o pago de los bienes que le fueron embargados debido a sus alzamientos armados durante la administración de Rivera.Oribe procedió con este pedido, levantando las trabas existentes, refiriendo al «respeto que le merecía la propiedad particular».[3]​ Entre los remedios propuestos estaba el dar en enfiteusis las tierras públicas de pastoreo.Por lo que si se establecía un interés del 2,5% el Estado recibiría unos cien mil pesos.También establecer un impuesto al sector ganadero, proporcional a las ganancias obtenidas en ese sector sobre la base del 33% del capital, base imponible que se duplicaría en tiempo de paz.Este gobierno aprobó un decreto en 1835 por el que se ordenó proveer a los centros educativos del interior de útiles escolares.[18]​ En cuanto a las instituciones de educación secundaria, durante este periodo creció su número.Al día siguiente, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley orgánica para la nueva universidad, pero este proyecto, redactado por Larrañaga, no pudo ser considerado debido a la situación de guerra civil que se había generado.En ese punto, el límite transcurre por el giro de la cuchilla hasta la naciente del arroyo Toledo.[21]​[22]​ Por ley n.° 158 se dividió el departamento de Paysandú (que comprendía todo el territorio al norte del río Negro) en tres partes, dando origen a los departamentos de Salto y Tacuarembó.Esta ley fue relevante debido a que significó la primera vez, y la única con José Artigas vivo, en la que un órgano del estado uruguayo le tributó honores y reconoció sus servicios prestados durante la época revolucionaria.Asimismo, es la primera vez que le consagra oficialmente el título de general.Tampoco debía aceptar propuestas por las que se le requiriera a Uruguay pagar indemnización por su independencia, y si fuera por las deudas del tiempo del fin de la administración española en 1814 en Montevideo, que fuera con unos términos lo menos desfavorables posible.Sin embargo, este acuerdo recién se ratificaría durante el segundo gobierno de Rivera en 1839.