El nuevo gobierno, que integraba diferentes corrientes del moderantismo,[1] intentó aprobar una nueva reforma constitucional aunque, en este caso, más moderada que la de Bravo Murillo.Así mismo se introducía un párrafo en el artículo 28 por el cual en los cuerpos colegisladores todo aquello concerniente a su régimen interno debía emanar de una ley.También se reformaba el artículo 75 para evitar tener que discutir año tras año partes del presupuesto estatal asignado a justicia, conveniencia pública y al crédito del país.[2] Pese a todo, esta nueva reforma moderada tampoco obtuvo el beneplácito parlamentario y el gobierno clausuró las Cortes el 9 de marzo.Con ello, la hegemonía gala se afianzaba en España frente a cualquier pretensión británica.
