[2]​ En el expediente referido, consta que fue hijo de José Sanz (n. Orihuela, ca.

El 3 de marzo se dictaron en El Pardo las instrucciones generales y particulares para la misión de Sanz: incluía indicaciones para la erección de la Renta del Tabaco en aquellos lugares donde nunca había existido y para su arreglo en aquellos donde se habían instalado ya administraciones, así como referidas al reconocimiento que debía practicar en las provincias americanas.

Si bien la actividad de Sanz continuó, la relación con el nuevo gobernante fue conflictiva.

Durante su mandato Sanz se caracterizó por su "sentido práctico y afán progresista, a pesar de que le faltó una mayor libertad de acción para poder actuar conforme a su vocación emprendedora",[6]​ especialmente durante el mandato del Marqués de Loreto.

Mientras por un lado el número de ingenios existentes se mantenía estable, por otro la demanda para su explotación aumentaba constantemente.

Las recomendaciones de Nordenflicht y su equipo hicieron hincapié en, además de las maquinarias de molienda usadas hasta entonces en los ingenios, incorporar hornos para calcinar el material y barriles giratorios en los que la incorporación del mercurio al mineral se vería favorecida y acelerada por el calor.

La aplicación de una renta máxima del 9% bajaría su ingreso a 4140, pero como ese índice se aplicaba al valor del ingenio y este estaba en directa proporción a los mitayos empleados, al aumentar la asignación de mita el valor del ingenio aumentaba y el 9% subía la renta a un valor que estimaba en 7290 pesos, superior al vigente.

Sanz sostuvo una seria y famosa disputa con Villava sobre el trabajo de las minas en Potosí.

Pese a la oposición y hasta tanto se resolviera en la península, Sanz intentó continuar con un programa que pronto encontró dificultades prácticas serias.

Careciendo del crédito solicitado por Sanz, solo pudieron construirse cuatro fábricas.

La elevada inversión necesaria y los rendimientos sostenidos desalentaron a los azogueros pese a costos que se reducían al 50% y para 1791 solo quedaba en operación una de las cuatro construidas.

Finalmente en 1797 los funcionarios peninsulares rechazaron definitivamente el proyecto del Código Carolino.

Los abusos que cometía el clero del Alto Perú en la percepción de primicias, oblaciones y limosnas dio lugar a que las autoridades civiles los motejaran de repartimientos forzosos y que en 1796 Sanz, impulsado también por la oposición del clero a su política para ampliar la mita en Chayanta, propuso diversos medios para abolirlos.

Tras ser relevado interinamente para recuperar su salud en La Paz, regresó a Potosí y reasumió el mando.

La Audiencia de Charcas ordenó a Paula Sanz que retrocediera con sus tropas y este obedeció.

Pidió también ayuda al virrey del Perú José Fernando de Abascal y Sousa y también al cacique aimara de Chayanta, Martín Herrera Chairari, famoso por su crueldad, pero Manuel Asencio Padilla con guerrilleros reclutados en Tomina y Chayanta, atacó a Chairari impidiendo que abasteciera con víveres y forraje a las tropas de Paula Sanz.

Chairari fue degollado por aymaras que aprovecharon las circunstancias para liberarse de su yugo.

Sanz pasó a segundo término en los sucesos posteriores que condujeron al renunciamiento de la Audiencia de Charcas, la violenta caída de la Junta Tuitiva y la posterior represión brutal de los revolucionarios que encabezó Goyeneche, tanto Nieto como Sanz les dieron apoyo y consenso, quedaron ligados a los hechos y sufrieron pronto sus consecuencias.

Al conocerse las noticias de la represión en Buenos Aires la reacción fue profundamente negativa:

Inmediatamente Nieto y Sanz se pusieron a las órdenes del virrey del Perú, calificaron a Buenos Aires de insurgente y pidieron auxilios.

La noticia cundió rápidamente en Potosí y el pueblo amotinado pidió cabildo abierto.

El patriota Manuel Molina aprisionó al gobernador Sanz en pleno cabildo y lo condujo preso a su domicilio.

Sanz recibió una segunda descarga al dar señales de vida.

Pese a los antecedentes, la ejecución no fue bien vista por muchos que les restaban responsabilidad y la centraban en Goyeneche: Castelli hizo publicar un bando el 9 de enero de 1811 por el cual se declaraban perdidos sus empleos, grados, honores y bienes.

El descubrimiento del original de su Diario por el padre jesuita Guillermo Furlong, hoy en el Archivo General de la Nación (Argentina), hizo que se reconociera sus iniciativas progresistas.

Su altruismo y generosidad, así como su extrema capacidad administrativa, son generalmente aceptadas, y aún su probidad, si se dejan de lado las acusaciones de connivencia con el contrabando.