[2]​ Esta epidemia de Tifus exantemático epidémico se inició a finales de 1773, y se extendió hasta junio del año siguiente.

[1]​ Esparragosa y Gallardo, fue el primer médico anatómico de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, nombramiento concedido por Cédula del Rey Carlos IV.

Un nuevo edificio fue construido al estilo de finales del siglo XIX y en cuya edificación se tuvieron en cuenta las leyes del arte sin descuidar la estética.

[12]​ Originalmente utilizado para albergar la Escuela Normal para Varones en 1877, el edificio fue destinado a la Escuela Facultativa de Medicina en 1879, cuando la Escuela Normal fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional Central para Varones; la Escuela de Medicina hasta ese momento había sido parte de la extinguida Pontificia Universidad de San Carlos.

[11]​ En 1887 se estableció el internado en el Hospital General San Juan de Dios, combinando el servicio y la enseñanza; las clínicas de medicina general, cirugía y obstetricia se daban en dicho centro hospitalario.

Posteriormente, en ese mismo año, la Universidad fue reestructurada y pasó a ser la Universidad de Guatemala «Manuel Estrada Cabrera», en honor al presidente de Guatemala de entonces, licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien había estado en el poder desde 1898.

Tras la muerte de Chacón se inició el régimen del general Jorge Ubico, quien porhibió nuevamente el jolgorio universitario y eliminó la autonomía que tenía la universidad de elegir a sus autoridades, por lo que la Universidad Nacional pasó nuevamente a ser una dependencia del secretario del despacho de Instrucción Pública del gobierno.

La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está conformada de la siguiente forma:[18]​[19]​ El representante del Consejo Superior Universitario ha sido históricamente el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, pero debido a los millonarios contratos que se manejan en el IGSS, la posición del decano de la Facultad se convirtió en un apetecido puesto administrativo.

[20]​ El miércoles 25 de febrero de 2015, la organización popular «Acción Ciudadana» (AC) calificó como lesivo dicho contrato ya que la adjudicación se otorgó a la empresa que ofertó un menor costo, pero que en realidad no tenía la capacidad para atender a los enfermos que requerían los servicios de diálisis peritoneal.

Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato.