Otras fuentes refieren que fue echado por Bonafini por motivos vinculados al manejo de fondos.
Posteriormente compareció la Unidad de Información Financiera (UIF) que la tuvo sin profundizar durante casi un año.
Pero Oyarbide mandó a peritar las obras porque cree que aún no tiene pruebas de una defraudación con dinero público.
El fiscal quiere determinar si sus movimientos bancarios se condicen con los montos de las operaciones.
[10] Respecto de esta última los abogados de Madres mostraron sorpresa, afirmaron que había sido una operación normal para lo cual incluso había sacado un crédito por lo consideraron inútil investigar a Alejandra Bonafini y a su patrimonio.
También investiga si hubo sobreprecios en las obras, para lo cual comenzó requiriendo a provincias y municipios la documentación de las mismas.
El primer juez que investigó los fondos desviados fue Norberto Oyarbide, apartado del caso por la cámara.
Una semana más tarde, el 7 de junio, Bonafini afirmó: «Los Schoklender son estafadores y traidores.
En el ínterin, el 3 de junio, el juez Oyarbide había prohibido a los hermanos Schoklender salir del país.
Su objetivo es salvaguardar el proyecto originalmente propiciado por Madres, luego de que los distintos obradores del programa Sueños Compartidos fueran delegados a las intendencias y gobernaciones donde la Fundación había comenzado a construir viviendas.
La radio AM 530, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) que funciona en la ex ESMA y la fábrica de paneles con los que las Madres edificaban las viviendas quedarán protegidos bajo una figura legal que impide su quiebra y les permite seguir trabajando.