Estos emigrantes, favorables a la monarquía y al poder absoluto, temieron su caída.
Además, los emigrantes se convirtieron en un peligro y formaron grandes reuniones en las fronteras del país.
Pocos emigrantes, sin embargo, volvieron a Francia, y continuaron su organización en la frontera.
Aunque fue más especial en las zonas de Alemania, Austria, Rusia, Inglaterra, o en ciudades como Niza, Turín y Coblenza, así como en zonas al otro lado del Atlántico, en la región del Canadá.
Durante la sesión del 20 de octubre, Pierre Victurnien Vergniaud explica delante de la Asamblea Nacional Constituyente el poco temor que deben inspirar "estos rebeldes tan ridículos como insolentes [cuyo] aumento de número no hace más que [...] acrecentar más rápidamente la penuria más absoluta".
Estos emigrados ya habían sido condenados a la misma pena de muerte (guillotina) por un decreto precedente.
La Convención determinó la gravedad de dicha situación, redoblando los esfuerzos para acabar con esta fuerza.
La desaparición del joven infante levantó efímeras esperanzas de que hubiera podido huir.
La Convención decretó que de este libro se extraerían los nombres de los emigrados y que esta lista sería impresa, guardada y enviada a todos los municipios.
En febrero de 1795, los diputados, tras haber excluido a los ciudadanos que no habían rellenado los formularios requeridos por las leyes o no se habían inscrito en las listas, decretan que en adelante todas las inscripciones serían sometidas a un examen por parte del comité de legislación para ser confirmadas o desmentidas por éste.
Los bienes muebles e inmuebles también pasaron a ser propiedad de la República.
Este periódico facilitó en sus páginas un listado con todos los nombres de los emigrantes, ubicados por departamento, y añadiendo su hogar, situación y renta familiar, así como la universalidad de sus bienes, cuya venta fue ordenada en un decreto por la Convención.
El 15 de julio de 1801 (25 mesidor del año IXIX[4]) se firma el Concordato entre el gobierno francés y el papa Pío VII, que vuelve a poner en causa la Constitución civil del clero en 1790.
En efecto, en 1790, los eclesiásticos franceses habían debido jurar fidelidad a la Constitución, lo que les convertía en una especie de funcionarios.
En una carta del 5 de agosto de 1802, comunica su sumisión al consulado de Francia en Hamburgo: "Charles, Constant, César, Loup, Joseph, Mathieu d'Agoult, antiguo obispo de Pamiers, deseando volver a mi patria, declaro que estoy en comunión con los obispos de Francia nombrado en ejecución del concordato entre el gobierno francés y su Santidad Pío VII y que seré fiel al gobierno establecido por la Constitución y no establecer, ni directa ni indirectamente ninguna relación ni correspondencia con los enemigos del Estado".
Debían ser verificados por testigos y por autoridades municipales cuya veracidad se autentificaba.
Durante el régimen consulario, numerosas medidas de pacificación regulaban estas vueltas.
Esta primera Restauración es breve y sólo dura unos meses, antes del retorno de Napoleón durante los Cien Días.
Una vez más, Luis XVIII y una parte de la corte debe exiliarse.