Hasta entonces la acción española en Marruecos había estado ligada a los Ministerios de Estado y Guerra.
En 1935, el servicio de Intervenciones dividió el territorio en cinco zonas: Yebala, Lucus, Chauen o Gomara, Rif y Kert.
Entre sus actividades estaban las de intervenir los actos del Jalifa, el régimen de las ciudades en las que los cónsules actuaban como interventores, dictar la política general y aprobar o dirigir, en su caso, las operaciones militares.
Contaba como elementos auxiliares con las Delegaciones de Asuntos Indígenas, Fomento y Hacienda.
Junto a la acción sanitaria, la cultura era la otra asignatura pendiente para los marroquíes, ya que la enseñanza estaba estrechamente ligada a la religión y consistía en aprender de memoria el Corán, con lo que los alumnos conseguían el título de taleb, que los acreditaba a ampliar sus estudios en madrasas o enseñar en las mezquitas.
Todos estos órganos tenían como misión facilitar la acción de gobierno del jalifa, en quien jurídicamente recaía la soberanía.
Una vez nombrado el Jalifa, sus poderes solo podían serle retirados con el consentimiento directo del Gobierno español y su delegación de los jerifianos era tan amplia que le permitía mantener relaciones exteriores con los agentes oficiales acreditados en su zona, por intermedio del Alto Comisario.
El ejército controlaba el mando y las principales decisiones políticas así como la orientación económica.