Debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Los 21 puntos se insertan en el campo más amplio del derecho a la comunicación, tanto activa como pasiva, que tienen todas las personas.
Las frecuencias deben ser administradas por el Estado y adjudicadas por un período de tiempo «a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio».
La ley debe impedir la formación de monopolios y oligopolios, a los que considera como «conspiradores contra la democracia».
Los 21 puntos consideran que se deben establecer tres áreas de radiodifusión: pública, comercial y comunitaria.
Entre otras cosas, manifestaron lo siguiente: Desde los sectores populares nos unimos a fines del 2003 para presentar una propuesta y formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
[26] En su discurso, Cristina Fernández dijo: El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de 10 años, prorrogables por otros 10.
[37] Ante este pedido, Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista en Diputados, acusó a la oposición de no querer tratar la ley.
Se desarrolló entre las 09.30 y las 19.30, con una modalidad de exposición en la que cada orador contaba con diez minutos para expresarse.
Finalizó su exposición diciendo: De los 44 expositores que se habían anotado para expresarse, hubo algunos ausentes.
Al igual que en el día anterior, la mayoría de los expositores se declaró a favor del proyecto.
[49] Sin embargo, dos entidades que agrupan a las principales empresas periodísticas del país, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) se manifestaron enérgicamente en contra del proyecto oficialista.
Con respecto a las anteriores audiencias, hubo una mayor cantidad de voces críticas hacia la iniciativa gubernamental.
[57] Rubén Corda, gerente general de Radio Mitre (del Grupo Clarín) sostuvo que «para las radios de la Ciudad de Buenos Aires se podrían llegar a sumar 9 frecuencias más en un dial que ya está saturado», afirmó que «no se define quién tendrá alta potencia y quién baja potencia» y preguntó «¿pasan a baja potencia las privadas?
Nélida Belous (Proyecto Progresista de Tierra del Fuego) y Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad) dijeron que coincidían en general con el proyecto oficial y que se había eliminado uno de los obstáculos más fuertes.
Destacó, a su vez, que «hay voluntad de corregir los puntos débiles del proyecto».
[92] Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires (Miguel Bonasso).
De cualquier manera, nuestra Ley de Medios Audiovisuales no contempla esta incompatibilidad absoluta que sí contempla la legislación vigente en los Estados Unidos porque se refiere, precisamente, a eso, a medios audiovisuales.
Todo lo que sea material periodístico gráfico, como diarios, revistas, etcétera no entra ni es materia regulable.
Esta ley, además, en ningún momento hace mención a los contenidos que debe tener la información.
[120] Sostuvo que había puntos flacos en el proyecto, como «la inseguridad jurídica, la violación a la propiedad privada y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo»[115] y opinó que la ley le da medios al Ejecutivo para controlar contenidos.
Se expresaron en contra el presidente de ADEPA, Gustavo Vittori, y el rabino Sergio Bergman.
[129] El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, se opuso a la propuesta de Pichetto, pidió continuar con las audiencias hasta el miércoles 7 de octubre, reclamó cambios en el proyecto y anunció que los radicales no concurrirían a la reunión del día siguiente.
[129] Guillermo Jenefes dijo no estar de acuerdo con algunos puntos del proyecto, pero señaló que firmaría el dictamen de mayoría, que no prevé cambios al proyecto aprobado por Diputados, en disidencia parcial.
Ernesto Sanz se dirigió a Jenefes en los siguientes términos: «Hágase cargo de que le dará al oficialismo las firmas necesarias para sacar el dictamen».
El jujeño, por su parte, respondió: «Los lugares que tengo en las comisiones son por el Frente para la Victoria.
Agregó que un uso eficiente del espectro saldaría la deuda con muchos operadores con voluntad de regularizarse.
[141] Mediante un comunicado, manifestó lo siguiente con respecto a los errores y al pedido de cambio que había solicitado el senador juecista por Córdoba, Carlos Rossi: Los sectores de la oposición que se habían opuesto a la ley cuestionaron las correcciones hechas en el Boletín Oficial.
Entre los firmantes estaban Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Andrea Del Boca, Natalia Oreiro, Federico Luppi, Soledad Villamil, Lola Berthet, Patricio Contreras, Roberto Carnaghi, Daniel Burman, Ana María Picchio, Lita Stantic, Roberto "Tito" Cossa, David Blaustein, Marcelo Piñeyro, Jean Pierre Noher, Julio Raffo, Lito Cruz y Juan Palomino.
Los tres principales oradores fueron el rabino Sergio Bergman, el piquetero Raúl Castells y el dirigente patronal agropecuario Alfredo De Angeli.
[245] Entre los asistentes, hubo varios legisladores de la oposición: Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Nora Ginzburg (PRO), Fernando Iglesias (Coalición Cívica), Carlos Rossi (Partido Nuevo),[245] Juan Carlos Morán (GEN), Paula Bertol (PRO)[248] y otros dirigentes de asociaciones patronales agropecuarias como Hugo Biolcati (Sociedad Rural) y Néstor Roulet (Confederaciones Rurales Argentinas).
